Tribunales

El Ayuntamiento de Córdoba se personará en el 'caso Infraestructuras'

  • El ex edil de la Delegación, David Dorado, apela a la presunción de inocencia

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Juan Ayala

La Junta de Gobierno Local ha aprobado por vía de urgencia, a propuesta de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, la personación del Consistorio en la causa que se sigue por el llamado caso Infraestructuras o, lo que es lo mismo, por la posible comisión de delitos en contratos menores de esta Delegación municipal en los tiempos a en los que la dirigía el edil de Cs David Dorado. La causa está en estos momentos en fase de instrucción.

En el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba se adjudicaron durante 2020 un total de 42 contratos menores -cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros si se trata de obras o a 15.000 si se trata de suministros o servicios-. De ellos, el 60% (25) contienen irregularidades, según detalla la Fiscalía de Córdoba.

El edil Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha insistido en que el objetivo de la personación es que el Consistorio pueda estar presente en la causa "para defender los intereses municipales en el caso de que existiese algún tipo de circunstancia que así lo exigiese".

"Estamos en un proceso judicial, hay que dejar trabajar al juez y por este motivo no vamos a hacer declaraciones al respecto ni ningún tipo de valoraciones. Pero sí anteponer ante todo la presunción de inociencia", ha destacado Dorado.

De momento, el juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, investiga a la excoordinadora general de Infraestructuras y a un técnico de este área municipal por el caso Infraestructuras sobre el supuesto amaño de contratos de obras.  El juez considera que los hechos investigados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". 

En concreto, apunta a "posibles delitos de prevaricación administrativa para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, pese a constar con la existencia de informes desfavorables, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar". 

Igualmente, señala a "falsedad en documento oficial, pendiente de calificación concreta según las resultas de investigación, en cuanto respecta a la firma de certificaciones de obra, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados". La coordinadora general de Infraestructuras, quien fue designada por Cs, fue cesada en noviembre de 2021 cuando la Fiscalía se pronunció sobre este caso. 

Después de este auto, el Ayuntamiento ha decidido personarse como perjudicado en una causa que denunció en primera instancia en febrero de 2021 el grupo de IU y meses más tarde terminó formando parte de una demanda judicial conjunta con Podemos, al tiempo que, por encargo del alcalde, José María Bellido (PP), el titular de la asesoría jurídica municipal realizó un informe sobre los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras en este mandato, que engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos. 

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