El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la creación de ocho juzgados en Andalucía y la dotación de cuatro plazas de magistrados en audiencias, una de ellas en Córdoba tras su aprobación en Consejo de Ministros.

El objetivo, según ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en Andalucía, es "aliviar la acumulación de litigios judiciales provocados por la crisis sanitaria, atendiendo a la carga de trabajo existente, así como agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria, adecuando la planta judicial a las necesidades existentes". 

Por ello, se ha dotado a cuatro audiencias provinciales de Andalucía de nuevas plazas de magistrados, localizadas en la sección quinta de Cádiz; la tercera de Córdoba, sección sexta de Málaga y para la tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. A ellas se unen otras 18 en distintos puntos del país. Las plazas tendrán el 31 de diciembre como fecha efectiva para la entrada en funcionamiento. 

Por otro lado, el Gobierno también contempla la creación de 56 nuevas unidades judiciales, correspondientes a la programación de 2021, y de cuatro plazas de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haciéndose efectivas algunas de ellas en este mismo año 2021. 

De esos 56 nuevos juzgados, ocho se abrirán en Andalucía a 31 de enero de 2022. En concreto, dos serán de Primera Instancia e Instrucción en Arcos de la Frontera y San Fernando, en la provincia de Cádiz; otro será el número 8 de lo Contencioso-Administrativo de Málaga; tres nuevas unidades de lo Social en Granada (número 8), Málaga (número 14) y Sevilla (número 13) y, por último, otros dos juzgados de lo Mercantil se abrirán en Almería (número 2) y Málaga (número 3). 

En toda España el número de nuevas unidades judiciales asciende a 56, correspondientes a la programación de 2021, y de cuatro plazas de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haciéndose efectivas algunas de ellas en este mismo año 2021. 

De esta forma, el Gobierno, según destaca la Delegación, "continúa la línea de actuación iniciada en el año 2020 para afrontar y resolver los problemas generados por la propia crisis en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, canalizando el previsible incremento de la litigiosidad".