España saludaba hace unas semanas la noticia del anuncio de la nueva ministra de Sanidad, la socialista Carmen Montón, de que bajo su mandato se derogaría el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. La norma, a la que dio luz verde hace seis años el PP con Ana Mato en la cartera, supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y el establecimiento de nuevos copagos farmacéuticos.

Aunque en Córdoba, así como en el resto de Andalucía, la derogación de la ley no cambiará significativamente la situación. Esta comunidad nunca cumplió el decreto impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Sistema Andaluz de Salud siempre ha atendido a los migrantes en situación irregular a través de un documento especial de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de Andalucía.

El SAS cuenta con un servicio de traducción para aquellos que la precisen en las consultas

En la provincia de Córdoba, con fecha actual, existen en circulación más de 2.600 tarjetas de reconocimiento temporal, lo que supone un 5,5% de las que hay en Andalucía, cerca de 47.000.

En su epígrafe, dicha norma -que no tiene precedentes en la historia democrática de España-, se define como una serie de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", pero la justificación de la nueva ley, al menos en Andalucía, pierde su sentido. De manera general, la atención a los migrantes sin documentación reglada supone en torno a un 4% del total, por lo que se excluye como razón directa de los colapsos y las listas de espera en los hospitales.

Este documento nació a raíz de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con esta tarjeta se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

Francisco Guerrero, que pertenece a la Sociedad Científica de Médicos de Familia y ha ejercido como tal en Andalucía, suscribe esta información. "Los médicos en Andalucía, desde 2012, no hemos tenido ningún cambio, una vez que se aplicó el decreto a nivel nacional, se decidió que no se aplicaba aquí por lo que hemos venido trabajando con normalidad con los pacientes migrantes sin documentación desde entonces".

De este modo, en territorio cordobés, a cualquier paciente en situación irregular que acudía a los centros de salud se le gestionaba una tarjeta sanitaria de inmigrante, se le asignaba un numero de historia igual que a cualquier otro y, a partir de ese momento, comenzaba a tener acceso a la asistencia sanitaria del Sistema Público Andaluz. "Se le asignaba un médico y un enfermero de familia de referencia y en el caso de los niños se le asigna su pediatra", explica Guerrero, que como miembro de la Sociedad Científica de Médicos de Familia se muestra contrario al decreto de 2012. "Los médicos de familia nos sumamos a la objeción de conciencia porque pensamos que tenemos que atender a cada paciente que llega a nuestras consultas, sobre todo en el caso de las primarias, que es la básica y a la que deben tener acceso todas las personas". Este criterio ético es algo que para los médicos de familia no genera ningún tipo de duda, ya que como subraya Guerrero, la atención primaria es el primer escalón de la Sanidad y "debe ser universal". El hecho de que reviertan el Real Decreto es muy importante, continúa, ya que desde el primer momento pensaron que no era adecuado. "Desde la Asociación Española de Medicina de Familia estamos muy contentos por esta decisión", sentencia el facultativo.

La experiencia de arrebatar a los migrantes el derecho a la Sanidad no acarrea una mejora sustancial en el sistema ni en la atención a los pacientes. Guerrero corrobora el dato aportado por la Junta: la asistencia a personas sin documentación supone alrededor de un 4% del total. En cuanto al flujo de demanda en los últimos años, desde que se implantara el Real Decreto, el médico apunta que, salvo en algunas zonas de costa y de manera puntual, la asistencia sanitaria se ha mantenido en un volumen más o menos constante en la provincia. Esto quiere decir que del montante de citas que expide el SAS a lo largo de un año, apenas un 4% se corresponden con personas indocumentadas.

Esto, explica el doctor, tiene una explicación, ya que los migrantes "no son una población especialmente consultante porque suelen ser personas jóvenes que no tienen patologías y no son especialmente peticionarias de asistencia sanitaria a no ser que tengan problemas graves o embarazos, además del seguimiento de salud infantil normal".

El SAS no cuenta con una base de datos sobre las nacionalidades de estas personas, que varían mucho de unos centros a otros, según el flujo migratorio. Salvo que provengan de algún país en el que exista algún tipo de emergencia sanitaria como es el caso del ébola, circunstancia en la que se inicia un protocolo especial, para el SAS, la nacionalidad no es un asunto relevante.

Lo que sí aparece es la barrera del idioma, cuestión para la que los facultativos están preparados. Para estos casos, el SAS cuenta con un servicio de teletraducción simultánea, (si los pacientes no vienen acompañados de un intérprete, que generalmente aportan las ONG) telefónica a través de Salud Responde. "Soluciona muchas barreras del idioma sobre todo en aquellos casos en los que la lengua es más difícil, o sea, no es francés ni inglés", cuenta Guerrero.

A pesar de que la derogación de esta ley del PP hace regresar al candelero cuestiones como la ética y la moral humanitaria de la que Europa hace su bandera y ADN cultural, en Andalucía siempre se defendió universalidad del sistema, a pesar de la aprobación del Real Decreto, de forma que todas las personas no han dejado de acceder en equidad y condición de igualdad al sistema sanitario. En el mismo sentido se manifestó entonces el Comité Europeo de Derechos Sociales que concluyó en enero de 2014 que la decisión tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados infringe la legislación europea de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU formuló recomendaciones parecidas en 2012.