Ni Ángeles Muñoz ni Cristian Menacho, dos de los implicados en el caso de la supuestas mordidas de la Fundación Guadalquivir, respondieron ayer a las preguntas de la acusación en la nueva causa abierta por el juzgado de instrucción número 5. El abogado de la acusación particular, Manuel Delgado, explicó que en la sesión la Fiscalía no estuvo presente y añadió que él "tenía constatadas cosas que no son ciertas". Ambos debían declarar sobre el supuesto uso indebido dado por la Fundación Guadalquivir Futuro y las asociaciones Jóvenes para el Futuro y Vecinos Nuevo Guadalquivir a ayudas, públicas y privadas, que recibieron para bancos de alimentos y para discapacitados, junto a otro de los investigados, que sí declaró. "Estamos hablando de cosas que no son menores, como el banco de alimentos", indicó. Y añadió que "la única forma -de saberlo- sería haber registrado casas en Jerez (Cádiz), pues allí estaban los alimentos, pero es lo de menos".

El letrado, que representa a Podemos, indicó también que "a nivel burocrático todo está justificado", y avanzó que "el juez va a esperar al informe contable que se está realizando en el juzgado de instrucción número 8 y después, si tiene relevancia en este asunto, seguirá adelante con la causa".

El caso, continuó, es que "había tres asociaciones y una sola contabilidad, la de la Fundación Guadalquivir, que recibía cientos de miles de euros, y evidentemente habrá que ver en todos los programas". A su juicio, la situación estaría "más clara si tras el análisis contable todo se hubiera llevado en un solo juzgado". Otra de las opciones que citó para intentar aclarar más la causa fue el hecho de la existencia de nóminas para justificar un programa que trabajaba con niños en huertos urbanos, y del que el instructor era Cristian Menacho.

Delgado incidió en que lo más beneficioso para el caso es que toda la causa se hubiera llevado en el mismo juzgado, "aunque no se van a escapar de las mordidas" de la Fundación Guadalquivir.

Al término de la declaración, el abogado reconoció también que lo que sacó en claro es que "las declaraciones han sido bastantes rutinarias sobre documentación". "La cosa no da para mucho más, pero lo que está claro es que esta familia ha obtenido fondos de todo lo posible", añadió. Para el letrado, "no deberían archivar la causa hasta que no estuviera la contabilidad y explicar por qué está justificado ese dinero y por qué esta mujer podía ir todos los años a Cancún con un sueldo de 1.300 euros; hay mucho que investigar".

No obstante, consideró que se reconoce que hay "fraude", tras la declaración de uno de los tres investigados citados ayer. Así, detalló que hubo "una contradicción", después de que el responsable de una entidad humanitaria asegurase que "si se obtuvieran alimentos de dos fondos distintos sería un fraude", mientras que el investigado "ha reconocido que recibía de dos fondos distintos".