La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha solicitado que la Gerencia Municipal de Urbanismo constituya una Oficina del Territorio, un órgano que se especialice en estos procesos de regulación y los impulse y coordine de principio a fin con las vecinas y vecinos implicados.

Esta oficina “sería el mejor mecanismo para desarrollar la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), si no queremos que dentro de unos años  estemos de nuevo frustrados por el fracaso de no tener ni una sola de las parcelaciones reguladas y sin servicios básicos mínimos siquiera para las que podrían normalizarse”, explica el presidente del colectivo vecinal, Antonio Toledano.

La federación, además, ha dado a conocer su esperanza de que la aprobación de la citada ley consiga por fin crear mecanismos más ágiles para regularizar las parcelaciones, dotándolas con servicios básicos a las que puedan iniciar el proceso, y dar así respuesta a un problema enquistado para un centenar de asentamientos en el municipio de Córdoba con los que la anterior legislación urbanística ha fracasado.

Otra de las peticiones que ha hecho la entidad es agilidad y que se solucionen los problemas para constituir el organismo -al parecer, el principal escollo es la falta de personal- y se ponga en marcha los primeros procesos de regulación con la Lista.

La demanda de la Oficina del Territorio centró gran parte de uno de los debates de la pasada Semana Vecinal, celebrada en noviembre, en la que algunos de los ponentes y responsables de los grupos parlamentarios andaluces, como el portavoz José Antonio Nieto (PP) y Juan Pablo Durán (PSOE), a apenas siete días de aprobarse la normativa en el Parlamento, analizaron las ventajas de la norma con ciudadanosafectados por el bloqueo de la regulación de sus parcelaciones.

Las reivindicaciones de Al-Zahara para este problema de la periferia se encuentran en parte recogidas en la normativa -por ejemplo, la citada dotación de servicios básicos provisionales- gracias a las aportaciones que, junto a otros colectivos y a través del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, se expusieron ante la Cámara autonómica durante la elaboración del texto.