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Córdoba

Acampada Dignidad se muestra optimista pese a la petición del fiscal

  • El colectivo está a la espera de que el Ayuntamiento remita su escrito para realizar las alegaciones

El colectivo Acampada Dignidad, que desde hace más de un año ocupa el antiguo colegio Rey Heredia donde ha instalado un centro social, se mostró ayer "optimista" a pesar de que la Fiscalía haya solicitado en su calificación provisional el desalojo del edificio y la imposición de multas de 720 euros para diez acusados. El portavoz del colectivo, Rafael Juan, aseguró que "dentro del baremo" que establece la normativa por el delito de usurpación -entre tres y seis meses-, "el fiscal ha optado por una franja media-baja, así que por el momento somos optimistas". La calificación recoge, tal y como ya adelantó ayer El Día, la petición de un pena de "cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros", lo que da lugar a 720 euros, a cada uno de los diez acusados. En caso de no pagar, se impondría un día de prisión por cada dos cuotas impagadas. Juan dijo que "estamos a la espera de lo que haga el Ayuntamiento", ya que como acusación particular, tiene que establecer también sus peticiones. Los servicios jurídicos municipales están analizando la providencia del fiscal y desde el Consistorio aseguraron ayer que remitirán su escrito en el plazo legalmente establecido. Los acusados, no obstante, también pueden presentar sus alegaciones que, según avanzó ayer Juan, se basarán en la solicitud de la absolución de los diez imputados.

El portavoz de Acampada Dignidad aseguró ayer que "nosotros tenemos buena disposición" y que su único objetivo es la cesión del inmueble al Consejo Distrito. El Ayuntamiento ha pedido que el colectivo abandone el colegio antes de dárselo a los vecinos pero la Acampada considera que se trata de una estrategia "para que no parezca una victoria nuestra" y que su intención es permanecer allí para "no perder lo que se ha conseguido".

El escrito de acusación provisional que ha remitido la Fiscalía al juzgado de instrucción 4 determina que sobre las 21:15 del 4 de octubre de 2013, "tras celebrarse una manifestación que iba a finalizar con una acampada simbólica en la plaza de Andalucía", un grupo de ocho personas "obrando de acuerdo y en acción conjunta decidieron entrar sin consentimiento de los titulares" en el antiguo colegio Rey Heredia. El fiscal matiza que el edificio había sido un centro educativo hasta enero de 2012 y que en el momento de la ocupación no tenía uso. En el escrito también se detalla que el Ayuntamiento pidió la desafectación del uso "en dos ocasiones", el 21 de junio de 2012 y el 14 de noviembre de 2013, tras la irrupción de Acampada Dignidad. Según el relato del fiscal, los acusados "decidieron en una reunión permanecer en el edificio" y, durante este encuentro, se unieron dos participantes más "de forma activa" a los ocho iniciales por lo que el número de acusados se eleva a diez. Este grupo, según apunta la Fiscalía, acordó "ocupar el inmueble sin consentimiento de ninguna institución administrativa". El documento señala lo que ocurrió después; es decir, que el edificio se destinó a "fines de interés de social" y que, a día de hoy, permanece ocupado.

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de usurpación y por ello solicita la pena de 720 euros a cada uno de los diez acusados. El fiscal pide también que los imputados indemnicen de manera conjunta "y solidariamente" al Ayuntamiento con 237,56 euros por los gastos de luz y agua.

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