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Córdoba

El juez obliga a Acampada Dignidad a desalojar el Rey Heredia antes de un mes

  • El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro adopta la medida cautelar demandada por el Ayuntamiento y la Fiscalía Los colectivos sociales acuerdan recurrir la decisión judicial

Un mes. Éste es el plazo que el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha fijado para que Acampada Dignidad proceda al desalojo de las instalaciones del antiguo colegio Rey Heredia. La plataforma, integrada por varios colectivos sociales, ocupó el centro el pasado mes de octubre para convertirlo en un centro social, que en la actualidad atiende a una media de 400 personas entre el servicio de comedor y las actividades que se realizan durante las tardes. El juez ha estimado de este modo la petición del Ayuntamiento, respaldada por la Fiscalía, para que se ejecutase como medida cautelar el "desalojo urgente" de los colectivos sociales que habían ocupado el edificio, propiedad del Consistorio.

El magistrado emitió ayer el auto que fija como plazo máximo un mes para el desalojo, tan sólo 24 horas después de que prestasen declaración seis de los 14 miembros de Acampada Dignidad imputados por la ocupación del antiguo colegio, situado en el Campo de la Verdad. Si no se cumpliese la medida cautelar fijada por el magistrado los miembros de la plataforma o cualquier otra persona que se encuentre en el inmueble incurriría en un delito de desobediencia y el juez procedería a su lanzamiento por vía judicial.

El magistrado detalla en dicho auto que existen "indicios más que sobrados" para imputar, al menos, a ocho de los procesados de la comisión de un delito de usurpación, puesto que la finalidad de la ocupación del centro era darle un destino social al edificio, pero "sin obtener autorización alguna para ello". "Hay ocupación, si se hubiera forzado o no el acceso al interior de la sede", insiste el juez. Rodríguez Lainz puntualiza que "nada influye" que el inmueble esté destinado a usos sociales que "de tanta utilidad se desarrollan en su interior". Asimismo, argumenta que tampoco se puede tener en cuenta que el edificio estuviera abandonado "que no en estado de ruina", o que la situación jurídica del inmueble estuviera en parte en "nebulosa jurídica". Incluso, señala que la ocupación no se puede respaldar porque sea un número indeterminado de personas el que esté dando uso al inmueble de forma colectiva. "Por muy loable que sea el destino que se le está dando al edificio ello no torna en legítimo el acceso, ni supone la inexistencia del ánimo específico que gobierna la decisión de acceder y usurpar", reitera el magistrado.

Los miembros de Acampada Dignidad conocieron la decisión judicial a última hora de la mañana. El portavoz del colectivo, Rafael Juan, aseguró que "acataremos" la medida cautelar fijada por el juez, aunque adelantó "agotaremos todas las vías que estén en nuestras manos". Los servicios jurídicos de la plataforma ya están trabajando para presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días, tal y como fija el recurso. Además, cabe la posibilidad de presentar un recurso de apelación en los cinco días siguientes a la notificación.

Los miembros de la plataforma se reunieron ayer en asamblea en el colegio. Según Juan, las personas que así lo quisieron expresaron su malestar ante la decisión del juez. No obstante, no se fijaron las medidas de protesta que los colectivos llevarán a cabo a partir de ahora. "Será el próximo viernes también en asamblea cuando ya acordaremos qué es lo que vamos a hacer tras saber que tenemos que desalojar el centro", dijo Juan.

Acampada Dignidad ocupó el colegio el 5 de octubre del pasado año para darle un uso social. El Ayuntamiento pidió a la plataforma que procediera a su desalojo, pero sus miembros se negaron en rotundo a abandonar el edificio, de modo que el equipo de gobierno optó por la vía judicial y procedió al corte de suministro de agua. Los primeros ocho imputados por usurpación prestaron declaración ante el juez el 16 de enero y el pasado lunes lo hacían seis más. En ambas ocasiones los procesados tuvieron el respaldo de un nutrido grupo de personas que se concentró ante las puertas de la Audiencia de forma pacífica. Además, la plataforma inició una campaña, bajo el lema Yo también ocupo e Rey Heredia, en la que usuarios del centro y algunas caras conocidas como la del exalcade de Córdoba, Julio Anguita, o el coordinador provincial de IU, Pedro García, apoyaron la labor del colectivo y rechazaron las imputaciones tras la demanda presentada por el Ayuntamiento.

El portavoz de Acampada Dignidad aseguró ayer que en el momento que se proceda al cierre del centro "se hará una resistencia pasiva, pero sin problemas". Además, los colectivos tienen previsto continuar con su función social "en cualquier otro sitio y de mil maneras distintas". No obstante, Juan lamentó que con esta medida "más de cien personas diarias se quedan sin su plato de comida", además de que no puedan realizar distintas actividades que se programaban en el centro.

Durante los últimos seis meses, los miembros de la plataforma han rehabilitado el edificio para crear "un sitio agradable, limpio y acogedor para todos los vecinos de Córdoba, así como para los colectivos que se han instalado", aseguró Rafael Juan durante la presentación de uno de los balances de su actividad. En concreto, se han picado paredes con humedades, se han arreglado y se han pintado. El Rey Heredia acoge variedad de actividades, como por ejemplo talleres de punto o de guitarra, clases de alemán y de inglés para jóvenes y para adultos, clases de alfabetización, de apoyo y de informática, sesiones de información socio laboral y servicio de ludoteca.

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