La delegada en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), Ester Muñoz, denunció la situación de "hacinamiento e insalubridad" en la que se encuentran numerosas viviendas de la calle Torremolinos y Las Palmeras, lo que calificó de "incomprensible". Por ello, este colectivo presentó ayer en la Delegación de Vivienda una petición de 200 ciudadanos cordobeses para que este organismo emprenda de forma conjunta con el Ayuntamiento una política común de vivienda social.

Muñoz manifestó que el objetivo de su asociación es demostrar que la situación de la vivienda social en la ciudad es "insostenible" y expuso su preocupación por "la imposibilidad de acceso a la vivienda de un importante número de cordobeses, en concreto aquéllos que se encuentran en una situación de pobreza y especial vulnerabilidad social".

Las críticas no recayeron en la normativa actual de vivienda social, que Muñoz calificó de "excelente", sino en su aplicación posterior. Insistió en la necesidad de que estas normas se lleven a cabo con la construcción de viviendas de protección pública para familias con ingresos inferiores al Iprem, a las que les resulta "imposible acceder a una vivienda".

Por su parte, el vocal de la comisión de marginación de APDH, Lorenzo Ochoa, indicó que el objetivo de esta medida es "forzar una respuesta" de la Administración para que ésta "deje de dar la espalda a la ciudadanía". "Defendemos el derecho a la vivienda y por ello solicitamos que se publiquen los trámites a seguir en lo concerniente a la vivienda social para que los cordobeses puedan conocer de primera mano la realidad", añadió Ochoa.

La Administración cuenta desde ayer con un plazo de tres meses para contestar a la información formulada por APDH.