La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) coincidió ayer con el personal médico del Centro Penitenciario de Córdoba en que faltan recursos personales y médicos para tratar a los más de 100 enfermos mentales que hay presos actualmente. El delegado de APDHA, Valentín Aguilar, aseguró que el equipo sanitario que hay en prisión, competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, es "insuficiente" para llevar a cabo esta tarea, ya que los enfermos mentales graves "precisan un seguimiento personal exhaustivo que no se puede suministrar solamente con dos psicólogos y un psiquiatra".

A pesar de estar construida para unas mil personas, la prisión alberga casi el doble en 17 módulos, y según APDHA, aproximadamente el 40% de los internos del Centro Penitenciario de Córdoba, unos 800, presentan algún tipo de enfermedad mental, mientras que el 8%, unos 160, padecen algún tipo de trastorno mental grave.

Aguilar explicó que, después de varias reuniones con la Consejería de Salud y de una fuerte campaña, se ha conseguido que un psiquiatra de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental entre en la prisión periódicamente.

En su opinión, es necesario que se asista a los enfermos mentales "con todos los recursos sanitarios posibles", pero el plan de trabajo de la Junta es que "el personal que trabaja en prisión empiece a diagnosticar y a hacer un seguimiento en la medida de lo posible a este tipo de patologías".

En concreto, los presos son competencia del Ministerio del Interior, pero la atención médica primaria y especializada corresponde a la Junta, y, según Aguilar, "la pelea es por decidir a quien corresponde realmente la tutela de los enfermos; al final todo se reduce a quién paga".

Además, las autoridades judiciales tienen "las manos atadas", porque "los jueces no pueden mandar a los enfermos mentales a unos centros especializados que apenas existen", explicó. Por todo ello, Aguilar cree que es necesario crear una red de servicios de ayuda a este colectivo.