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San Fernando

Costas asegura que no se opone al traslado de los pescadores desalojados de la playa de La Casería

Antiguos módulos de la playa que ahora dan servicio a los pescadores de La Casería.

Antiguos módulos de la playa que ahora dan servicio a los pescadores de La Casería. / D.C. (San Fernando)

La Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico ha dejado claro que en ningún momento se opone a la reubicación de los módulos de los pescadores desalojados de La Casería en el emplazamiento planteado por el Ayuntamiento de San Fernando, más cerca de la playa, que responde directamente a la petición realizada por el colectivo a raíz de la demolición de las casetas que se levantaban en la zona de dominio público marítimo terrestre.

El informe remitido a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible –matiza esta administración– no pone objeción alguna a este planteamiento, aunque evidentemente se alude al Reglamento de Costas y al marco normativo que regula los usos previstos en las zonas de servidumbre de protección de dominio público.

Del mismo modo, reconoce, se apuntan otras opciones como alternativa –tal es el caso de la zona de servidumbre del club náutico de La Casería, que es la que hace años se llegó a plantear desde el Ayuntamiento– para dar cabida a la decena de pescadores artesanales que todavía siguen en activo en la zona. Pero nada, insiste, impide al colectivo asentarse en este otro punto.

Los pescadores se ubicaron provisionalmente en unas casetas –los antiguos módulos de servicio de la playa reciclados para este fin– en una parcela de La Casería de titularidad municipal que estaba libre de afecciones ante la inminente ejecución de los derribos por parte de Costas –en el pasado mes de febrero– y a la espera de que se solventaran los trámites administrativos que había que cumplimentar para llevarlos al sitio que habían pactado con el Ayuntamiento isleño, más cerca de la playa y de la zona en la que faenan.

Precisamente, la lejanía de este emplazamiento provisional, en las proximidades del club náutico y de los nuevos desarrollos residenciales, planteaba en un primer momento las reticencias del colectivo. De ahí que insistieran en el compromiso alcanzado con el Ayuntamiento.

Los trámites, no obstante, precisan de la autorización de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y, a su vez, del informe favorable de la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico al ubicarse en zona de servidumbre de protección.

Esta semana, desde la administración andaluza se explicaba que, a la luz del informe de Costas, se iba a lanzar un nuevo requerimiento al Ayuntamiento isleño al objeto de que "justificara bien" la solicitud realizada y para que se ajustara a los artículos del Reglamento de Costas que regulan estos usos. Entre ellos, el artículo 47, que señala expresamente que "sólo se permitirán en esta zona (de servidumbre de protección) las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

Costas, no obstante, ha precisado que su informe no pone ninguna objeción al traslado.

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