El Programa de Adaptación Funcional de Hogares 2016 concederá ayudas por valor de 600.000 euros para la adecuación de las viviendas de uso habitual de personas mayores, discapacitados o personas en situación de dependencia, según informó ayer la diputada provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete. El presupuesto se repartirá en dos líneas o modalidades. La primera de ellas, para intervenciones en la vivienda donde resida el beneficiario habitualmente. Según Cañete, "se trata de adecuar y adaptar las viviendas mediante trabajos de albañilería en cuartos de baño, suelos antideslizantes, eliminación de desniveles o construcción de rampas". También se incluyen en esta línea trabajos de carpintería, electricidad, herrería o fontanería para habilitar nuevos espacios.

"Son obras que mejoran la capacidad y movilidad de estas personas en su entorno habitual, ya que es importante que las personas dependientes permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno familiar", subrayó la vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). Cañete manifestó que en esta modalidad la novedad reside en que sólo podrá concederse para el conjunto de una misma unidad familiar una cuantía máxima de 1.700 euros.

La segunda línea de ayudas se refiere a la adquisición de medios materiales o instrumentales que permitan la movilidad o favorezcan la autonomía. Cañete detalló que se incluye aquí la compra de camas, sillas de ruedas, grúas o colchones antiescaras. La principal novedad es que puede beneficiarse más de un usuario de la misma familia, con el límite de 1.300 euros para cada usuario.

Los destinatarios de estas subvenciones son mayores de 65 años, discapacitados o personas que se encuentran en situación de dependencia siempre que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y que presenten limitaciones funcionales que reduzcan su autonomía personal. El plazo de ejecución de las obras de adaptación del hogar será de seis meses y el plazo para la adquisición de medios técnicos o funcionales, de tres meses.

La también vicepresidenta primera de la institución provincial insistió en que "este programa tiene un gran impacto social y mucha aceptación tanto por parte de las personas y familias beneficiarias como por parte de los técnicos de servicios sociales, sin despreciar el beneficio que supone en términos de empleabilidad laboral a nivel municipal".

Cañete subrayó que la Diputación atenderá "el número máximo de solicitudes y en el próximo ejercicio intentaremos aumentar la cuantía de la convocatoria". Reconoció, además, que en la convocatoria de 2015 no pudieron ser atendidas cerca de 300 solicitudes, que ahora tendrán que renovar su petición.