La colaboración policial y judicial entre países es imprescindible para luchar contra la delincuencia organizada y las comisiones rogatorias se han convertido en un instrumento de cooperación internacional de primer orden. Esta herramienta de trabajo -comunicaciones entre tribunales de diferentes estados para pedir diligencias de investigación- se ha afianzado en la Costa del Sol y el año pasado, la Fiscalía de Málaga recibió un total de 93 peticiones de ayuda de 17 países distintos (comisiones rogatorias pasivas). Es decir, casi una veintena de estados tenían procedimientos judiciales abiertos con vínculos que conducían a la provincia malagueña, que está a la cabeza del país junto a Madrid o Barcelona.

Las comisiones rogatorias se canalizan a través del Servicio de Cooperación Internacional del Ministerio Público, al que están adscritos los fiscales Francisco Jiménez Villarejo y Juan Andrés Bermejo. Éste último destaca que la cifra tan elevada se debe a la "internacionalización de la delincuencia" y que "va a más". De hecho, en 2006 se tramitaron en Málaga un centenar de comisiones rogatorias, cifra impensable hace una década, y el número de expedientes se ha mantenido en 2007. "Además, hay que tener en cuenta que el intercambio de datos es constante. Por ejemplo, si las autoridades belgas quieren saber si un individuo está preso en Málaga, solicitan la información a través de un correo electrónico, solicitud que luego no consta en las estadísticas", precisa el fiscal.

El auxilio judicial se reclama para la práctica de diligencias como registros de viviendas, interrogatorios de testigos, detenciones, seguimientos o pinchazos de teléfonos. En este campo, el flujo de información entre los estados es recíproco, por lo que Málaga no sólo recibe peticiones de ayuda de otros países, sino que también las cursa con el objetivo de aclarar casos que están en instrucción en los juzgados de la provincia. Son las comisiones rogatorias activas y uno de los ejemplos más claros en la Costa del Sol es la operación Ballena Blanca, que investiga una trama internacional de blanqueo de capitales.

Los datos de 2007 en esta parcela aún no están concretados, pero en 2006 también rondaron el centenar. La situación es la misma, pero es Málaga quien solicita el auxilio judicial de otros países. Ahora mismo, el fiscal Bermejo tiene sobre la mesa un oficio de un juzgado de Marbella que sigue diligencias por un delito contra la Hacienda Pública contra un ciudadano italiano que no se ha presentado a declarar. En este caso, se trataría de una diligencia que forma parte de una comisión rogatoria activa en la que el juzgado reclama colaboración para intentar tramitar un posible interrogatorio por videoconferencia.

Casi siempre se trata de investigaciones complejas y todas tienen tintes internacionales. Los temas más comunes, según el representante del Ministerio Público, están vinculados con delitos de estafa, time sharing (multipropiedad), tráfico de drogas o blanqueo de capitales. Los delitos suelen ser económicos.

En cuanto a los países que han pedido ayuda a Málaga en 2007, destaca Francia con 24 comisiones rogatorias pasivas (aproximadamente un cuarto del total), cifra superior a la del año anterior (16) que ha desplazado del primer puesto al Reino Unido, a la cabeza en 2006. Luego se sitúan Alemania, Países Bajos, Portugal y Bélgica. La mayoría son estados europeos, aunque Bermejo puntualiza que también existen convenios específicos con Marruecos y varios países latinoamericanos para facilitar detenciones u órdenes de extradición.

Las diligencias que puede ejecutar directamente la Fiscalía pueden culminar en un plazo reducido de tiempo, en dos o tres días, aunque todo depende, por ejemplo, del nivel de colaboración de una entidad bancaria o una compañía telefónica. A juicio de Bermejo, la ventaja de canalizar las comisiones rogatorias a través del Ministerio Público es que existe más coordinación por la red de fiscales de cooperación internacional. El asunto se complica y la demora es mayor si hay varios partidos judiciales afectados. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con agentes bien formados y preparados, son un apoyo fundamental para la cooperación internacional.