La piqueta contratada por la Junta de Andalucía para derribar una casa rural ilegal en el paraje de Tavizna, en Benaocaz, se encontró ayer por la mañana con un obstáculo inesperado: alrededor de 200 vecinos, liderados por el alcalde del pueblo, Juan María Mangana (PP), se concentraron en el entorno de la edificación, bloquearon el acceso de las máquinas con varias decenas de coches y, poco después de mediodía, consiguieron su objetivo: impedir la demolición.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente, que no quiso hacer uso de la fuerza para cumplir con el auto judicial que programaba el derribo a las diez de la mañana, decidió retrasar la misión aunque anunció que pondrá en conocimiento del juez lo acontecido y subrayó que estudiará la remisión de un escrito a la Fiscalía para comprobar si existen "responsabilidades" por parte del alcalde y del Ayuntamiento.

El pasado 1 de diciembre, la Delegación Provincial trasladó al Consistorio el expediente del derribo para que lo pusiera en conocimiento de la Policía Local, y fue entonces cuando comenzó la disputa entre las administraciones.

El Ayuntamiento de Benaocaz exige a la Junta que solicite una licencia municipal para proceder a la demolición del edificio. La teniente de alcalde, María Luisa Sánchez Toro, apuntó a pie de movilización que "lo único que se pide a la Junta es que tenga licencia de obras si quiere derribar el edificio". "Es una vergüenza que aquí se tire una vivienda y en Chiclana nadie se atreva a hacer nada", aprovechó para apuntar Sánchez, también ex presidenta de la asociación vecinal de Tavizna.

Medio Ambiente considera que no necesita licencia alguna para proceder a la demolición de la casa rural y argumenta que debe prevalecer "el principio de lealtad institucional entre administraciones", según apuntaron ayer fuentes de la delegación.

La delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo (PSOE), lamentó la actitud del alcalde por impedir esta demolición y recordó "que existe una sentencia firme que debe ser ejecutada". Araujo también acusó al PP de "amparar a alcaldes que desprecian la legalidad vigente", y reclamó a esta formación política que "tome medidas" para solucionar este conflicto. La delegada, en cualquier caso, subrayó que la orden de demolición "no se anulará bajo ningún concepto".

Los servicios jurídicos de la Junta estudian ahora una nueva fecha para que las máquinas acudan al emplazamiento con el objetivo de "restaurar la legalidad con la máxima celeridad", tal y como exige el auto judicial.

El edificio pendiente de derribo está situado en la finca La Hedionda. Suma unos 230 metros cuadrados en dos plantas a medio construir que se levantaron en 2001 sin certificado de obras, al margen de la legalidad, en el Parque Natural de Grazalema y, además, invadiendo parte de la vía pecuaria Cañada Real de Sevilla a Gibraltar. El propietario de la edificación, Francisco Coronil, defiende que se trata de una vivienda para su familia, aunque Medio Ambiente, en sus comunicados, sostiene que se trata -o se trataba, en su origen- de un "hotel rural".

La obra fue denunciada hace siete años por agentes medioambientales y por la asociación conservacionista Ecologistas en Acción. Entonces se abrió un proceso penal contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio, proceso del que resultó absuelto en 2004.

El procedimiento administrativo continuó y derivó en una sentencia de derribo emitida en marzo de 2006. El dueño quedaba obligado a restituir el estado original del terreno con la demolición de la estructura construida. Al no haberse cumplido la orden, la propia Consejería sostiene que actúa de forma subsidiaria para devolver la legalidad al lugar. El propietario deberá abonar los costes del derrumbe, que ascienden a 98.000 euros.