Que uno de cada cuatro andaluces esté en riesgo de exclusión social debería ser un suficiente acicate para que la Administración acelerara la puesta en marcha de medidas correctoras. Ése fue el propósito de la aprobación del decreto-ley en diciembre de 2017 por el que se creaba la renta mínima de inserción, una prestación que sustituyó a la anterior ayuda dirigida a la población excluida y que, al cabo de los años, se reveló ineficaz.

En efecto, la Junta de Andalucía ha concluido que la actual legislación, dos años después de su vigencia, tampoco sirve. Mientras, la población más vulnerable sigue siendo víctima del atasco administrativo en la concesión de la renta social, un atasco que se perpetúa.

Los datos registrados en la Consejería de Igualdad acerca de las solicitudes resueltas en estos dos años desde la puesta en marcha de la renta mínima son poco alentadoras. Hasta el 1 de noviembre de 2019, constan 69.277 solicitudes tramitadas, poco más de la mitad de las solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta que en todo 2018 fueron resueltas 48.852 peticiones, según señala la memoria de la Consejería, los avances en los primeros diez meses de 2019 se revelan manifiestamente mejorables.

Una próxima modificación legislativa

El programa andaluz de la renta mínima acumula fracaso tras fracaso. Es tal el embudo existente en la concesión de la prestación que la consejera del ramo, Rocío Ruiz, anunció que su departamento estaba dispuesto a acometer una modificación legislativa –una más– que favorezca la efectiva llegada de las ayudas públicas a las familias más necesitadas. Según afirma la Junta en la memoria de las cuentas de 2020, el objetivo es elaborar una legislación que procure una "mayor cobertura, mayor suficiencia y mayor agilidad administrativa".

El caso es que tampoco la reforma legal avanza con la celeridad deseable. Fuentes de la Consejería aseguraron ayer a este periódico que aún aguarda la recepción de un informe de la Red Andaluza por la Lucha contra la Pobreza, un texto evaluador que es imprescindible para comenzar a elaborar el nuevo proyecto legislativo.

La Consejería informó ayer de que espera recibir este mes el citado informe, aunque la consejera anunció lo mismo referido al mes de octubre en la sede parlamentaria. Teniendo en cuenta los tiempos de una tramitación parlamentaria, el cambio legislativo que pretende paliar el embudo de la renta mínima va para largo.

No sólo recursos económicos

Los obstáculos no son menores. Ruiz reconoció en una comparecencia en la comisión parlamentaria de Igualdad el pasado mes de octubre que, aunque aumenten los recursos económicos –las partidas presupuestarias de 2019 y 2020 han disminuido aunque con la expectativa de una mejor ejecución–, de nada servirá si no se acompaña de la agilización administrativa, de la formación y organización de los empleados públicos o del óptimo funcionamiento de los recursos digitales.

A la espera de los resultados de la ejecución de las cuentas de 2019, desde la Consejería insisten en los esfuerzos realizados: la activación de un simulador sobre renta mínima de inserción en el mes de julio había registrado 56.000 consultas hasta el 31 de octubre, indicó Igualdad en una nota.

Otra medida que subraya la Junta es la contratación de 422 administrativos y trabajadores sociales para reforzar la gestión de la renta mínima, una iniciativa que ha costado siete millones de euros. Sin embargo, no hay atisbo de mayor fluidez en el trombo que atora la vía prestacional.

Falta de interlocución con los sindicatos

A los problemas cuantitativos de la renta mínima se añaden otros de género cualitativo. Así se lo expresaron esta semana al presidente de la Junta los sindicatos UGT-A y CCOO-A. La falta de interlocución entre los representantes de los trabajadores y los responsables de diversas consejerías, denunciaron las dirigentes sindicales, salpica también a la Consejería de Igualdad.

Fuentes de CCOO-A señalaron ayer a este periódico que la Comisión Permanente con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, órgano de diálogo entre la Administración y los empleados públicos, no se ha reunido en todo 2019. La normativa aplicable prescribe, no obstante, tres reuniones al año. La Consejería informa de que la primera cita entre las partes está prevista para este mismo mes de enero después de aplazarse una reunión acordada en diciembre. 

El panorama de la renta mínima andaluza no invita al optimismo. Cada vez hay más voces que apuntan incluso a un enfoque diferente en la aplicación de estas políticas. En materia de prestaciones, no son pocos colectivos los que proponen programas vinculados a bases mínimas de garantías sociales de carácter universal. Más ideas y más planes que obligan a los sectores más desfavorecidos a esperar, a seguir esperando.