Las antiguas cúpulas de los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía, así como tres ex directores generales de Trabajo de la Junta, han empezado a declarar como investigados en una denuncia de la Fiscalía por no reintegrar 6,7 millones de euros procedentes de la gestión sindical de las residencias Tiempo Libre entre 2003 y 2006.

Frente a la denuncia de la Fiscalía, que asegura que CCOO dejó de reintegrar a la Junta 4.025.433 euros y UGT un total de 2.699.365 euros, los investigados mantienen que la Administración andaluza les debe aún más dinero del que reclama.

En la causa están investigados tres ex directores generales de Trabajo de la Junta. Fuentes del caso informan a este periódico que el primero de ellos, Francisco Javier Guerrero, manifestó al juez de instrucción 9 que esas residencias veraniegas procedían del antiguo Patrimonio Sindical, que UGT y CCOO siguieron gestionándolas porque no percibieron en forma de dinero la devolución de ese patrimonio, como había hecho la patronal, y que nunca se vio afectado el servicio.

Las declaraciones de investigados tuvieron lugar en julio, tras levantarse el confinamiento por COVID, y se completaron por parte de la Junta con los exdirectores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.Márquez declaró que no intervino en la gestión y Rivera manifestó que nunca le comunicaron que los sindicatos tuvieran deudas y que, de haber sido así, las podría haber cobrado porque en su dirección general UGT y CCOO tenían suficiente saldo a su favor.

La Fiscalía de Sevilla, tras recibir comunicación de los actuales responsables de la Junta, denunció a Julio Ruiz (1992-2004) y Francisco Carbonero (2004-2017), ex secretarios generales de CCOO; a Juana Mancilla (2000-2004),ex secretaria de Servicios de este sindicato; y a su sucesora Maribel Hernández (2004-2008).

Por parte de UGT, fue denunciado el ex secretario general Manuel Pastrana (1998-2009), aunque debido a su estado de salud el juez le ha excluido de la causa igual que hizo en el sumario por supuestas facturas falsas del sindicato, que también investigó.

Los sindicalistas de CCOO se acogieron a su derecho a no declarar hasta ser informados de la demanda completa y su abogado pidió que el informe encargado a la Intervención General de la Junta sobre el presunto quebranto económico causado analice también las cantidades pendientes de ingresar a los sindicatos por parte de la Administración.

En esa línea se pronunció Federico Fresneda (2002-2008), ex secretario de Administración de UGT, quien dijo al juez que la Junta les debe más dinero del que reclama y que la deuda estaría prescrita.