Desde el año 2012, la Consejería de Salud ha perdido 1,8 millones de vacunas de la gripe. Se compraron, pero no hay pruebas de que se hayan utilizado. Esta es la grave acusación que el actual consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha realizado sobre los gobiernos socialistas anteriores. El caso, según Bendodo, fue abordado en el Consejo de Gobierno del pasado martes. Informó de ello el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha abierto una investigación. Sin embargo, habría bastado con que Aguirre o Bendodo hubiesen preguntado al anterior subdirector general de Farmacia, Antonio Peinado, ya jubilado pero con más de tres décadas de servicio en el SAS. Peinado fue el subdirector de Farmacia hasta abril de 2019, cuando se jubiló, lo fue por tanto durante algunos meses de acción del actual Gobierno.

En centros de salud y en centros externos a la Junta

Básicamente, la diferencia entre el número de dosis de vacuna que compra la Junta cada campaña y las vacunaciones registradas en el sistema Diriya, del SAS, se debe a que, en efecto, muchas se envían a otros centros ajenos a la Consejería, pero donde hay servicio médico o de enfermería que realiza los pinchazos. Por ejemplo: ayuntamientos, fuerzas de seguridad del estado y locales, residencias de ancianos, diputaciones y bomberos. El sistema Diriya, que desde 2005 cuenta con un apartado para vacunas, registra las vacunaciones realizadas en los centros del SAS, en hospitales o centros de salud. No considera esas dosis externas, aunque éstas deben estar registradas en los envíos que se hacen desde los distritos sanitarios a cada centro de vacunación.

Esta es la tesis que defendió la ex presidenta Susana Díaz en el Parlamento. Pero la Subdirección de Farmacia de la Consejería emitió un comunicado el martes por la noche en la que aseguraba que "no consta" que se envíen a esos otros centros externos. No le constará porque son nuevos. Antonio Peinado, responsable de ese departamento hasta abril de este año y, por tanto, responsable de la campaña de vacunación 2018-2019, ha explicado que sí, que desde siempre hay residencias, instituciones y cuerpos de seguridad que solicitan dosis de una vacuna que es "universal y gratuita". 

Al ser preguntado por esto y por la versión del anterior subdirector, desde Salud se ha explicado que "la postura actual de la Consejeria es la que refleja el informe que enviamos ayer".

Distribución desde 60 distritos y hospitales

La campaña de cada año se realiza del modo siguiente. La Consejería de Salud, a través de la Subdirección de Farmacia, convoca un concurso para adquirir un número de vacunas algo superior a la población diana andaluza. Ésta la forman los mayores, personal sanitario y embarazadas. Se suelen adjudicar a dos o tres laboratorios, por si alguno de ellos falla. Cuando se compran, los laboratorios envía, directamente, las dosis a 60 centros de recepción: son los distritos sanitarios de atención primaria y los hospitales públicos. No son 6.000 como sostenía la actual Subdirección en su comunicado, ésos serán, en todo caso, los centros de vacunación, que es algo bien distinto.

Desde esos 60 centros, donde hay cámaras frigoríficas y responsables farmacéuticos, se mandan a los centros de salud, que es donde se inyectan las dosis. Tanto las vacunaciones de los centros de salud como la de los hospitales públicos quedan registradas en Diraya. Con los daros personales. Sin embargo, los distritos también envían a esos otros colectivos. Eso también se debe registrar, en certificados de salida y de recepción.

¿Cuál es la suma que hace Bendodo para que le falten tantas dosis? Pongamos, por caso, la campaña pasada: Salud compró 1,3 millones de dosis, Diraya registró 1,05 millones y se devolvieron a los laboratorios 109.521 unidades. Faltarían, por tanto, 137.761. Son las que han ido a parar a los otros centros.

Imagen ofrecida en la sala de prensa del Gobierno andaluz este martes.

Y, así, año tras año y desde 2012, hay 1.825.793 vacunas que, supuestamente, faltaban. Bendodo dio a entender que esas dosis podían haber sido sisadas, ya que dio el precio que hubieran tenido en el mercado: 27 millones de euros. En la rueda de prensa, el consejero de Presidencia explicó que se estaba ante un asunto de la máxima gravedad, no sólo por las mentiras de los anteriores gobiernos, sino por el dinero que faltaba. "Están abiertas muchas opciones", dijo cuando fue preguntado por el destino de esas casi dos millones de dosis. 

Los distritos sanitarios de atención primaria, por tanto, deben contar con registros de estos envíos, así como de las recepciones. Parlamentarios del PSOE de cada provincia han solicitado permiso a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para reclamar esta información en los centros, van a ir a ellos como representantes de su grupo. Pero Bosquet lo tiene que autorizar, legalmente.

No obstante, también pueden haber errores, mínimos, en el Diriya. Varios facultativos consultados por este medio han explicado que algunas veces, en los días de máxima afluencia, se producen faltas y no se apuntan todos los datos. En cualquier caso, esto no afecta al balance global. 

La Consejería de Salud contabiliza la vacunación con las dosis adquiridas menos aquellas que se devuelven a los laboratorios, una práctica que se realiza porque las farmacéuticas pagan un porcentaje de las devoluciones. Este número no tiene porqué coincidir con el de Diriya, que sólo registra las dosis inyectadas en los centros de salud y en los hospitales. No habría, por tanto, tampoco vacunaciones fantasmas para aumentar las tasas que se envían al Ministerio de Sanidad.

Es más, si se compara Diraya con la información dada por el actual Gobierno andaluz también hay una diferencia. El Gobierno del PPy de Ciudadanos, según su propia tesis, se estaría quedando con miles de dosis.

Las denuncias sobre los anteriores gobiernos socialista es una práctica recurrente del consejero de Presidencia después de cada Consejo de Gobierno. Fueron los 500.000 andaluces que no figuraban en las listas de espera enviadas al Ministerio, los demandantes de las ayudas a la dependencia a los que no se contestaba o los solicitantes de becas de formación. El portavoz del PSOE, José Fiscal, tildó esta práctica de "bendodismo".