El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previsiblemente confirmará este martes la multa de 1.500 euros impuesta por el anterior Consejo al juez Rafael Tirado por una falta grave, ya que la mayoría de los vocales estima que no existen argumentos para considerar los hechos como una falta muy grave.

Según fuentes del CGPJ, los vocales nombrados a propuesta del PP, excepto uno, tendrían ya decidido que votarán a favor de confirmar dicha sanción por retrasos en ordenar la ejecución de la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, mientras que existe una mayor división entre los elegidos a propuesta del PSOE.

El CGPJ está formado por nueve vocales elegidos a propuesta del PSOE, otros nueve por el PP, uno de CiU y otro del PNV y la decisión final requiere de una mayoría de once votos.

Las fuentes consultadas por Efe han añadido que, según la doctrina del Tribunal Supremo, para considerar una falta como muy grave tiene que darse el elemento de reiteración, mientras que en este caso se trataría de "una desatención concreta".

El pleno del CGPJ no tiene que ceñirse necesariamente a la propuesta del ponente, Félix Azón, quien ha pedido que se confirme la multa de 1.500 euros impuesta al juez o que se le sancione por una falta muy grave con suspensión de uno a seis meses, lo que no implicaría su traslado de Juzgado.

La Fiscalía solicitó en su recurso que se le impusiera al juez la sanción de suspensión por tres años.

Por su parte, el propio Tirado reclamó el archivo de su expediente al estimar que no ha cometido infracción disciplinaria alguna.

Del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.

La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la niña Mari Luz Cortés fue asesinada.

La comisión disciplinaria del antiguo CGPJ atribuyó parte de la responsabilidad de lo sucedido a la secretaria judicial, al fiscal y a los funcionarios del Juzgado.

De hecho, la secretaria judicial, Juana Gálvez, fue sancionada por el Ministerio de Justicia con dos años de suspensión de empleo y sueldo, decisión que ésta ha recurrido.

Las protestas de jueces y secretarios por las sanciones impuestas a raíz de este caso, la falta de medios y de personal y las "presiones políticas" en torno a este asunto paralizaron el pasado 21 de octubre la actividad de los tribunales y el pasado mes los jueces comenzaron a hablar abiertamente de la posibilidad de ir a la huelga el próximo 18 de febrero.

Por otra parte, en la misma sesión plenaria, la última del año, también previsiblemente se cubrirán las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de Galicia, así como las de las Audiencias Provinciales de Madrid, Valladolid, Albacete, Cáceres y Castellón.