La población inmigrante de Andalucía arrojó un saldo positivo de 1.583 euros por persona en 2005, frente a los 369 euros de los nativos, lo que acaba con "cualquier duda sobre la aportación positiva de la inmigración al saldo presupuestario de las Administraciones Públicas".

Así lo pone de relieve el estudio La inmigración y sus efectos económicos en las regiones españoles, publicado por la Fundación Caja Rural y realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, Miguel González, que fue presentado ayer en un acto al que también asistieron la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, y el presidente de la entidad financiera, Antonio León.

El informe desvela los efectos positivos que en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y renta per cápita ha provocado la llegada de inmigrantes al país. El autor del informe advierte sobre la necesidad de que las políticas económicas y sociales no constituyan un obstáculo a la integración de los inmigrantes, sino que deben aprovechar el potencial de esta población para impulsar el crecimiento.

En cuanto al empleo, es estudio refleja que Andalucía es la comunidad que más ha visto crecer su tasa de empleo con población extranjera, con un 5,5% de incremento desde 2001 a 2006. De cada 100 inmigrantes, 70 están ocupados y sólo 9 de ellos están en el paro.

Andalucía ocupa el cuarto lugar con mayor población extranjera, con un 11,8%, tras Cataluña (22%), Madrid (19%) y Valencia (16,1%).