Andalucía

Un informe pericial cifra en ocho millones el fraude en la Alhambra

  • El documento señala que sólo los empleados del Patronato produjeron el 90% del quebranto · El perito atribuye a dos agencias y un guía un perjuicio de 832.827 euros

El informe inicial sobre el presunto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra ya infería que se produjo una connivencia entre varias agencias de viajes y porteros para que accedieran al monumento sin que el dinero se registrase en la caja. Entonces ya se determinó que circularon entradas falsas, que se vendieron tickets por dos veces y que incluso se cambió el horario en los cupos para favorecer a determinadas agencias de viajes.

Ahora, el informe pericial que el juez Miguel Ángel del Arco -instructor del caso en el que hay cerca de 50 imputados- encargó al profesor mercantil Francisco Castillo concluye que el perjuicio económico causado al Patronato de la Alhambra y el Generalife, a la vista de las presuntas irregularidades, asciende a unos 7.980.896,90 euros.

La mayor parte de ese dinero (casi el 90%), según constata el perito judicial, es el defraudado por "empleados del Patronato", que han causado un perjuicio de 7.148.069 euros. Además, el cometido por la agencia Daraxatour S. L. y el guía Paco Castillo -imputado en el caso y padre de la administradora de la empresa- asciende a 765.439 euros, mientras que el llevado a cabo por la agencia Washington Irving Travel (Wit Travel) es de 67.388 euros.

Francisco Castillo añada que la contabilidad examinada en los ejercicios 2003 y 2004 -depositada en el Registro Mercantil- tiene una "falta de controles fiables" que permitan determinar si la actividad de la entidad se ha desarrollado eficazmente, sí determina que los estados contables analizados "no reflejan la imagen fiel de la empresa".

El profesor mercantil concluye que el órgano que rige el conjunto nazaría no tenía constancia de las reservas hasta el día antes de la visita, cuando el BBVAingresaba el dinero en una cuenta restringida. Entre las irregularidades detectadas señala que los localizadores de pases reservados se consideraron de 2002 a 2004 como entradas consumidas, aunque sólo debían de haberse tenido en cuenta los confirmados. También, los taquilleros podrían haber imprimido localizadores con nombres supuestos para un pase horario ya comprometido a otro grupo.

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