La representación jurídica de los hijos del matrimonio fallecido en el incendio de Riotintoen julio de 2004 ha solicitado la declaración de la ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y actual presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, así como cita la "responsabilidad subsidiaria" de la Junta en este caso.

En el escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, se relatan los hechos acaecidos ese día y se piden 28 años de prisión para el presunto autor del mismo, E.P.P, (la Fiscalía pide 26) y apunta que "resulta evidente, por los lamentables resultados del incendio, que no se articularon los medios adecuados, no sólo para evitar la magnitud del mismo, sino para haber evitado el fallecimiento de las dos personas".

Hasta ahora, el único acusado, Emilio Perdigón, ha negado la autoría del incendio. "Me siento un cabeza de turco", dijo a esta redacción uando conoció las primeras peticiones del Ministerio Público.

El escrito indica que los fallecidos "no fueron ni avisados, ni desalojados de su vivienda, aun teniendo conocimiento la Administración de su localización". El escrito recoge además que el atestado de la Guardia Civil "detalla el lamentable estado en el que se encontraba la zona origen del incendio, en la proximidad del camino posterior de los chalets de Los Cantos, manifestando en la inspección ocular que todo el terreno del pinar estaba cubierto por una gran acumulación de pasto y en este foco se acumulan restos vegetales de podas y cortas de césped de los chalets próximos".

La representación jurídica de la familia de los fallecidos considera "acreditado" que la Junta de Andalucía "ha obviado las competencias que tiene delegadas por la Administración central en materia de prevención, extinción y lucha frente a los incendios forestales". Apunta que los hechos narrados son constitutivos de un delito de incendio forestal, con peligro para la vida o integridad física de las personas, y dos delitos de homicidio imprudente, en la persona de E.P.P.

La acusación particular, ejercida por los letrados Máximo Sabugal, Antonio Rubio e Inmaculada Morgado, considera que la Administración ha "desatendido negligentemente sus obligaciones en materia de prevención y extinción del incendio". Añade, como ejemplo, "que las convocatorias para la celebración de los concursos para adjudicar los contratos de obra de cortafuegos en la provincia de Huelva no fueron publicados hasta después del incendio". Y subraya que "la convocatoria para la concesión de ayudas para prevención y lucha contra incendios forestales correspondientes al año 2003 no ha sido resuelta hasta junio de 2005".

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, aseguró ayer tras conocer la petición de la acusación que el incendio de Riotinto que "los culpables del incendio son los que lo provocan". El incendio "está en el ámbito judicial y ahí es donde hay que hablar y responder", dijo para asegurar que "cada vez que hay un incendio es un hecho lamentable, como todos sabemos, especialmente cuando se producen víctimas, como en este caso".

Fuensanta Coves, a quien la defensa pretende llamar a declarar, declinó ayer hacer valoraciones sobre el tema tras ser requerida por esta redacción. Cinta Castillo, actual titular del departamento, dijo hace dos semanas que espera que "cuanto antes haya una sentencia condenatoria en el juicio por el incendio de Riotinto". Castillo no opinó sobre si consideraba suficientes las penas solicitadas e insistió en que "lo que interesa es que el caso se resuelva".