La Ley de Eutanasia ha cumplido en España un año de vigencia. A lo largo de este periodo han sido 19 andaluces los que han solicitado una asistencia sanitaria para morir y 11 han sido las personas que por ahora la han recibido. Las cifras en Andalucía están lejos de las de otras comunidades autónomas. Varias son las causas de este desequilibrio, aunque la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) señala obstáculos de diversa índole que el Gobierno andaluz tiene en su mano resolver. 

No estuvo diligente el Gobierno andaluz a la hora de crear la Comisión de Garantía y Evaluación, que es el organismo autonómico al que le corresponde autorizar las peticiones de eutanasia, según establece la ley orgánica. La Junta de Andalucía se retrasó casi cuatro meses en crear esta comisión de expertos conforme a lo que prescribe la norma. Este retraso ha contribuido a que hayan sido menos andaluces los que han podido acogerse al derecho de morir de modo asistido en comparación con el resto de comunidades autónomas.

Llamó la atención de los medios de comunicación el caso de Estrella López, una mujer sevillana con esclerosis múltiple que tuvo que esperar 10 meses en lograr la autorización de la Comisión de Garantía y Evaluación andaluza para que le fuera concedida la eutanasia asistida. La ley, no obstante, establece que el proceso no debe sobrepasar los 40 días desde el inicio de la solicitud. El marido de esta mujer de 58 años que acabó recibiendo la eutanasia el pasado 2 de abril definió el espinoso proceso de "pesadilla dentro de otra pesadilla". 

La burocracia y la falta de voluntad

La madeja burocrática es uno de los factores que la asociación DMD atribuye a la escasa respuesta de la Administración andaluza, cuyo resultado está siendo el escaso número de solicitudes que llegan a la Comisión de Garantía y Evaluación, aunque hay más motivos. Isabel Torres, presidenta de la asociación DMD en Andalucía, cree que el principal obstáculo se encuentra en la Atención Primaria. "Apenas hay profesionales formados o informados. No saben qué hacer con las peticiones", resume Torres, quien asume la saturación existente en la Atención Primaria aunque señala el caso ejemplar de de otras comunidades, donde "han conformado equipos de referencia que se encargan de formar y informar al personal sanitario". Este pilar falta en Andalucía.

Las dilaciones y errores registrados, sintetiza Torres, provoca que haya personas "que mueran en el intento de recibir la asistencia". Los problemas se detectan "en las consultas de los médicos de familia", en los obstáculos "burocráticos", por la "ignorancia del procedimiento" y, en ocasiones, en la "poca voluntad de ayudar". Es en este punto en el que Torres apunta a la Junta de Andalucía, que tampoco "parece que tenga mucha voluntad". 

La ley contempla el derecho de los médicos a apelar a la objeción de conciencia. En el registro de Andalucía hay 523 sanitarios inscritos como objetores. No obstante, a juicio de la presidenta de DMD en Andalucía, dadas las declaraciones recabadas de numerosos solicitantes, muchos de ellos "son más objetores de conveniencia que objetores de conciencia". 

Enfermos neurodegenerativos

Las personas que pueden pedir ayuda médica para morir deben sufrir una enfermedad grave e incurable que origine sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio tolerable y un pronóstico de vida limitado y empeoramiento progresivo. También aquellos que presenten padecimiento grave, crónico e imposibilitante con limitaciones que inciden en la autonomía física y actividades de la vida diaria con sufrimiento asociado físico o psíquico constante y gran probabilidad de que las limitaciones persistan sin posibilidad de curación o mejoría.

Según los datos analizados, las patologías más frecuentes de las personas que han solicitado la eutanasia han sido enfermedades neurodegenerativas, como ELA, la esclerosis múltiple y las demencias. Por detrás están las enfermedades oncológicas.

La persona que pretenda solicitar la eutanasia en Andalucía debe pedirla por escrito en presencia de un sanitario que lo firme y lo suma a la historia clínica. En 15 días debe repetir la solicitud. A continuación ha de iniciarse un proceso de deliberación con el médico por si desea desistir. De no ser así, el médico responsable traslada el caso a un médico consultor, quien debe confirmar que se cumplen los condiciones y lo eleve a la comisión de garantía, que a su vez debe verificar que se cumplen los requisitos antes de aprobar la asistencia.