Hasta ocho o nueve meses es el tiempo que muchos solicitantes del salario social tienen que aguardar para percibir la única cantidad de la que depende la ya de por sí paupérrima economía familiar. La gestión y tramitación de la ayuda, a cargo de los servicios sociales de la Consejería de Igualdad, ha venido sufriendo a lo largo de 2008 los embates de cambios en la cúpula del departamento, fuga de personal y, por último, la propia crisis económica. Todo ello ha derivado en una demora excesiva en el cobro de dicha ayuda.

Pero hay otro factor no menos importante: el salario social, considerado como la estrella durante bastante tiempo atrás, ha tenido que ceder su protagonismo a la dependencia, que desde la promulgación de la ley acapara todas las prioridades.

En este contexto, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, arremetió ayer contra el Gobierno autonómico, al que acusó de ser el responsable del impago del salario social desde octubre del año pasado y del recorte de su partida presupuestaria para éste. A este factor hay que añadir el de la disminución de la plantilla de funcionarios en un servicio en el que es primordial un número de trabajadores que permita la gestión y tramitación de los expedientes con la mayor celeridad posible.

Sanz anunció que su partido demandará explicaciones a la Consejería de Igualdad porque considera "inaudita" la decisión de recortar el presupuesto para el salario en un momento de crisis como el actual, "cuando va a haber muchas más personas. El tijeretazo es de 58.000 euros con respecto a 2008.

Al ya tradicional perfil de los solicitantes se han agregado otros de nuevo cuño: hasta las oficinas del salario social llegan como consecuencia de la crisis parejas de jóvenes con graves problemas para hacer frente a su crédito hipotecario y trabajadores del sector de la construcción que engrosan desde hace meses las filas del paro.

La titular de Igualdad, Micaela Navarro, se apresuró a contraatacar y acusó a Sanz de mentir. "Debería ser más responsable y no generar, con tanta insidia, más inquietud entre las familias", dijo Navarro, quien afirmó que todos los beneficiarios que cumplan los requisitos necesarios cobrarán "hasta el último céntimo" del salario social. Con todo, la consejera no hizo alusión en ningún momento a la demora en el pago de esa cantidad a los solicitantes.

Navarro negó que el problema en el retraso esté localizado en el agotamiento de la partida económica destinada a esta prestación, ya que el presupuesto consignado es "ampliable" y "ningún año ha habido ningún problema, se amplía automáticamente cuando es necesario", explicó.