La confederación Ecologistas en Acción exigió ayer a la Junta de Andalucía que "pase de las declaraciones a las actuaciones" en lo referente al sistema de almacenamiento de gas previsto para Doñana, a la vez que anunció el inicio de acciones judiciales contra la administración andaluza ejerciendo la acción popular para defender los intereses generales de defensa del medio ambiente del Espacio Natural. Este requerimiento se produce tras las declaraciones recogidas por el colectivo del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien anunció que "acudirá a los tribunales si el gobierno ignora el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que propone la suspensión de las autorizaciones y la evaluación conjunta".

Pese a ello, el colectivo recordó que, "hasta la fecha, Fiscal no ha mencionado la autorización que su consejería otorgó al proyecto Marismas Occidental", por lo que, en coherencia con lo requerido al Gobierno central, "debe revisarse la citada autorización porque se otorgó sin la evaluación conjunta debida".

Para Ecologistas en Acción "no se puede entender que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no inicie este camino legal conducente a declarar la nulidad de sus propias autorizaciones ambientales" y, sin embargo, "exija públicamente al Gobierno de España que anule las autorizaciones que son de competencia estatal".