Ricardo Puyol (Granada, 1974) se ha puesto a liderar la no fácil tarea de abrir una Oficina Antifraude bajo el encargo de la Junta de Andalucía. Se ha puesto un plazo máximo de cinco años en el cargo, tras los que volverá a la magistratura, desde la que ha instruido casos de la magnitud de Malaya o el Goldfinger, en el que se investigó a Sean Connery. Su oficina lleva abierta desde septiembre, pero ya está a pleno rendimiento. 

-Llevan ya casi cinco meses abiertos, pero mucha gente no les conoce aún, ¿a qué se dedican exactamente?

-La oficina contra el fraude y la corrupción en Andalucía es una institución que da cumplimiento a un mandato de Naciones Unidas. En el año 2003 se establece que, junto con la mejora de todos los resortes de lucha regresiva, lucha penal contra la corrupción; exhorta a los estados firmantes del tratado para que establezca oficinas internas en la administración para que desarrollen medidas preventivas eficaces frente a la corrupción. En ese ámbito se enmarca la creación de la OLAF en Europa. En España hay algunas comunidades que han creado oficinas antifraude en ese ámbito. Lo que hace la comunidad autónoma es cumplir con la legalidad internacional, cosa que el estado español todavía no ha terminado de hacerlo. 

-En este sentido, ¿hace falta más cultura antifraude en España?

-A tratar de paliar ese déficit es a lo que viene la Oficina contra el fraude y la corrupción. Vamos a tratar de incorporar todas las reformas y las mejoras en la lucha contra la corrupción en las nuevas políticas de transparencia pública. Es una línea legislativa que ya se inició en torno al año 2010 por la Comunidad Europea. 

-Llevan cinco meses con los buzones abiertos, ¿cuántas denuncias han recibido hasta ahora?

-En torno a 35 denuncias. La ley nos confiere labores de investigación en lo que es la detección la fraude, pero no en la corrección disciplinaria que se pueda realizar. La función de la Oficina es establecer el canal externo en el ámbito de la Junta de Andalucía de todas las corporaciones locales de Andalucía, incluso la administración universitaria. Una vez recibimos la información hacemos un juicio de verosimilitud, detectamos el fraude y lo ponemos en conocimiento de las unidades de cada administración que tienen competencias en la corrección disciplinaria de ese posible fraude. Eso sí, nos tendrán que reportar información de cuánto y en qué medida se ha corregido el fraude. 

-Eso es en la corrección, pero ha dicho que también tendrá funciones de prevención.

-En lo que concierne a la prevención, vamos a hacer códigos de buenas prácticas, vamos a desarrollar funciones pedagógicas, informativas; con cursos de prevención para todos los funcionarios en prevención del fraude. Y, sobre todo, tenemos funciones en un nuevo ámbito que es el de la protección de la persona denunciante. En el año 2019 la Unión Europea en una directiva establece un estatuto jurídico de protección integral de las personas en escenarios públicas que deciden denunciar la posible comisión de una irregularidad en el ámbito de su administración. 

-Los funcionarios serán, por decirlo así, sus principales socios.

-El campo de acción funcionarial es el principal mercado en el que nos vamos a mover, por así decirlo. 

-Con una Oficina antifraude será mucho mas fácil denunciar. 

-Está claro, porque la oficina va a adoptar todas las prevenciones para la anonimización completa de la persona que denuncia. Cualquier persona que tenga conocimiento, no tiene por qué ser funcionario, de la comisión de una posible irregularidad lo puede poner en conocimiento de la oficina. 

"Si hubiésemos estado abiertos hubiera sido más difícil acometer el fraude en los cursos de formación o los ERE"

-Ahora están entrando en prisión altos cargos de la Junta por el caso de los ERE, ¿hubiese sido evitable con su oficina?

-Pienso que sí. No sé hasta qué medida, pero evidentemente cuando hay una institución que con carácter preventivo y antes de la actuación de los tribunales tiene la capacidad de poder detectar aun fraude en una fase muy primaria, tenemos también la capacidad de corregir el fraude antes de que vaya a más. Muchas veces la corrupción no es absoluta desde un primer momento. Yo estuve de juez de instrucción en Marbella y las corruptelas allí comienzan siendo de menor entidad y como consecuencia de la falta de detección eso va yendo a más hasta que llega un punto en el que se produce la gran corrupción. Si hubiéramos estado en funcionamiento hubiera sido más complejo acometer todo el fraude en los cursos de formación o en los ERE, no sé hasta qué medida, pero sin duda alguna, hubiera habido un mecanismo más para prevenir la comisión de ese fraude. 

Puyol momentos antes de la entrevista en Málaga.

-En su etapa en Marbella, en el caso Malaya, también le hubiese sido de ayuda una oficina de este tipo. 

-Sin duda alguna. La oficina desde un punto de vista técnico hace una evaluación de una irregularidad a la que se va a dar conocimiento a través de todos los medios de comunicación y en el balance anual que hace la oficina. Hay un mecanismo muy reforzado de transparencia. Muchas veces la corrupción funciona como consecuencia de la opacidad. La falta de luz sobre una posible corruptela, que se salva con la oficina si es conocida por la sociedad. 

-Tienen un plazo máximo de treinta días, si no hay una investigación abierta. Rompe un poco con la demora que se da en la justicia. 

-No se puede hacer una comparación. Nuestra función termina en la detección del fraude. Nuestra función es claramente informativa a la administración a la que le decimos: esto está sucediendo y debe dejar de hacerlo lo antes posible. Los tiempos de la justicia son muy complejos, hay que recabar pruebas, documentación, hay que hacer diligencias… Es más complejo. 

-No hace mucho estaba en el candelero la alcaldesa de Marbella por la investigación de su marido y su hijastro. Usted que tiene experiencia en Marbella, ¿cómo lo ve?

-Yo confío plenamente en la actuación de la justicia y de los tribunales. No tengo nada que decir en relación al asunto, mientras los tribunales no hayan realizado ninguna actuación concreta hay que presumir la inocencia de todas las personas. 

-Usted se ha marcado un plazo de cinco años al frente de la Oficina. 

-Tengo un plazo de nombramiento de cinco años no renovables, después volveré a la jurisdicción. 

-También es un ejercicio de higiene democrática.

-Totalmente, incluso me parece largo el tiempo, si entiendo que he cumplido una etapa no es una idea extraña dejar el cargo antes. 

-Hablaba antes de que las corruptelas también se fraguan en un pequeño delito que se va haciendo más grande. La permanencia prolongada en los cargos públicos favorece esto, ¿es partidario de que en las administraciones haya un número máximo de mandatos?

-Es un poco más complejo, ahí está la decisión de los electores. Yo introduciría elementos que delimiten temporalmente de alguna forma el mandato de determinados cargos, creo que favorece la higiene democrática y evita en ciertas ocasiones la conformación de auténticas estructuras ocupadas por un grupo de responsables públicos y sesga el posible recorrido de una irregularidad. 

-¿Le preocupa la reforma de los delitos de malversación y sedición?

-Enormemente. Mi juicio crítico es muy negativo en tanto al fondo como a la forma. En el año 2015 se reformó el delito de malversación para permitir la persecución de todo tipo de conductas relacionadas con la descapitalización de un erario público por eso fue muy bien acogida esa reforma. Ahora volvemos a unos parámetros muy superados de malversación en los que el único comisivo posible es el aprobatorio, la sustracción; no el defraudatorio, por lo que va a haber muchas irregularidades que se escapen de los tribunales. Y, en segundo lugar, porque se bajan enormemente las penas. Ahora un caso de desvío de fondos donde no se causa un grave daño al erario público y no hay enriquecimiento personal tiene una pena de multa e inhabilitación, prácticamente va a pasar de rositas. En cuanto a la forma, porque las circunstancias que han motivado la reforma son absolutamente abyectas y muy espúreas, que son beneficiar en un juicio de revisión a un conjunto de muy concreto de condenados o de inculpados con todo lo que eso supone. Se ha hecho una reforma del Código Penal única y exclusivamente para beneficiar a un conjunto de responsables públicos, además de atentar gravemente contra el orden constitucional, cometieron graves delitos de corrupción.