Andalucía

Entre el "diálogo" y la "política", cauces para resolver el problema

  • Los profesores de Derecho Constitucional Víctor Vázquez y Fernando Álvarez-Ossorio exponen sus criterios para deshacer el entuerto catalán.

Sin rodeos ni perífrasis enrevesadas. Alto y claro. Víctor Vázquez y Fernando Álvarez-Ossorio, profesores de Derecho Constitucional, se mojan acerca del asunto catalán, cada cual con sus impresiones personales sobre qué debería ocurrir toda vez que desde el noreste del país van elevando el tono y los actos camino de una declaración independentista.

Vázquez interpreta que "la resolución para declarar el inicio de un proceso constituyente -suspendido temporalmente- viene a culminar algo que vamos viendo desde hace cinco o seis años. Es la constatación de que el problema es real, estamos ante un callejón sin salida y hay que afrontarlo política y jurídicamente. No es normal que no se hayan reunido el PSOE y el PP para tratar de esto. No era un farol lo que en Cataluña estaba ocurriendo".

Mucho menos complaciente con los catalanes se expresa su colega: "Es un despropósito porque no hay legitimidad ni en número de votos ni de escaños. Cuando Andalucía accedió a la autonomía a través del artículo 151 nos exigieron el 50% del censo electoral y en Cataluña Junts pel Sí y la CUP no alcanzan el 40%. Nuestro proceso sí tuvo una legimitación fuerte, no éste". Respecto a la reforma del Tribunal Constitucional (TC), también se muestra firme: "En Derecho es un fraude de Constitución. Colocar al TC en una situación muy delicada al pedirle no sólo que diga qué ley puede ser incostitucional, sino que se encargue de ejecutar la sentencia como si fuera la Policía. En definitiva, no se ha inventado en toda la humanidad un monstruo como el Estado. Partiendo de esa idea, no nos puede caber duda de que si queremos parar lo de Cataluña con la fuerza, lo podemos hacer; pero, tenemos que ser conscientes de las consecuencias y ante una respuesta desproporcionada podemos encontrarnos con un problema político desproporcionado".

A este respecto, Vázquez está en contra de la revisión de la ley orgánica del TC: "Es una reforma de muy dudosa constitucionalidad. La Constitución es explícita, cualquier intervención en la autonomía requiere el procedimiento a través del Senado, pero está disuelto y hay dudas de si la Diputación Permanente tiene competencias. Con la reforma, es el juez el que me ordena pero la Constitución exige que sea el Senado el que autorice. No es lo mismo que hubiera un debate en el que se expusieran los motivos y los grupos votaran, incluso de cara a la opinión pública, que intervenir por el TC sin debate. La vía ortodoxa es el 155". Incide en el poder de la palabra "aparte de los recursos jurídicos" para razonar sobre la aplicación de dicho artículo constitucional, aunque "en el caso de que se produjera una desobediencia de la legislación estatal por parte de la comunidad en términos tan evidentes, puede que se active y se intervenga la autonomía".

Más allá de elucubraciones, Vázquez entiende que "el 155 se hizo para no aplicarlo; una vez que lo haces, lo que queda claro es que la Constitución no funciona. Tenemos un problema constitucional de primer orden, no judicial. Esto requiere de una política de estado nuevo. Dialogar no excluye tener que recurrir al 155. La intervención es política, no el Gobierno como mero ejecutor de una decisión judicial".

Álvarez-Ossorio abunda en que instrumentos jurídicos hay para hacer frente al pulso de los secesionistas, "pero reducir todo al mundo del Derecho ha sido un error tremendo, porque no resuelve todo. La política es la vía a través de la cual vamos a poder salir de esta situación. El 155 es potentísimo y si quieres extraer todas sus posibilidades, las vas a encontrar. Es una medida muy agresiva, hay que andar con pies de plomo y no hay que hacer mártir a nadie, que el 20-D no puede convertirse en un nuevo referéndum, y creo que es lo que están buscando".

"Hemos perdido mucho tiempo", relata el que fuera candidato del Partido Andalucista. "Desde lo ocurrido con el Estatut hasta ahora, el Gobierno tiene una gran responsabilidad, al final hay un choque de trenes y a ver por dónde salimos. La Constitución es un pacto de convivencia y, si llega el momento que no es sostenible, dicho acuerdo se puede reformar para convivir otros 40 años más".

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