La cuantificación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía (deuda histórica) no será "en ningún caso" inferior a los 1.148 y se situará entre esta cifra y los 1.742 millones de euros, según ha informado hoy el vicepresidente segundo del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.

Griñán ha ofrecido este dato durante el debate agrupado que sobre la "deuda histórica" y la financiación autonómica se ha celebrado hoy en el pleno del Parlamento andaluz, en el que los grupos de la oposición -PP e IU- han coincido en acusar a la Junta de pretender recortar la cuantía final por motivos partidistas.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha señalado que de los contactos mantenidos con el Gobierno central para cuantificar esta disposición estatutaria -algo que debe producirse antes del 20 de septiembre- se puede concluir que la cantidad no será nunca inferior a los 1.148 millones de euros que se cuantificó en el Parlamento.

No obstante, el Gobierno andaluz ha dado un paso más respecto a la cuantificación al avanzar que aplicando la metodología que se acordó entre ambas administraciones "los cálculos ofrecidos" al Gobierno de la Nación muestran una horquilla que podría llegar a los 1.742 millones de euros.

Griñán ha señalado que pese a todo, el proceso de negociación con el Gobierno central "sigue abierto", de forma que la cantidad final podría variar en función de una valoración y la aplicación final de la metodología antes de la fecha que recoge el Estatuto, en el que se seguirán produciendo contactos entre administraciones.

Igualmente, ha reconocido la dificultad de que se pueda alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica si no se cuantifica previamente la "deuda histórica" con la comunidad andaluza.

El consejero, que ha reconocido que la calificación de "deuda histórica" ha sido útil para entenderse dentro de la Cámara andaluza, ha reconocido que se trata también de un término que "ha generado confusión" entre otras comunidades, ya que se han sentido también acreedoras de la deuda histórica y "la han pedido".

En el caso de Andalucía, según Griñán, no se está hablando de una deuda histórica sino de un "precepto estatutario" que forma parte del bloque de constitucionalidad, y sobre el que el propio Tribunal Constitucional (TC) reconoce su "singularidad" para lograr la consecución de un nivel mínimo en la prestación de servicios.

El punto de partida de esta materia es el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 1996 y que los servicios objeto de estudio son los relativos a la vivienda, la sanidad y la educación.

Según el vicepresidente del Gobierno andaluz, la propuesta que ha planteado la Junta es cuantificar la "deuda histórica" en vivienda a 31 de diciembre de 1982 y en Sanidad a 31 de diciembre de 1983, al corresponder al año anterior en el que se produjo cada una de las transferencias realizadas a Andalucía.

En el caso de la educación, se toma como referencia el curso escolar 1982-1983, ya que el traspaso de funciones y servicios se produjo en diciembre de 1982, según ha añadido el consejero, quien ha reconocido también que esta propuesta metodológica ha contado con algunas "observaciones técnicas" por parte del Gobierno.

En su intervención, Sanz ha acusado al Gobierno andaluz de haber vuelto a "abrir una puerta peligrosa" al "rebajar de nuevo" la cuantía de la "deuda histórica", algo que va contra la "ambición, la la justicia y la dignidad" de los andaluces, recogidas en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía.

Tras renunciar las "rebajas permanentes" por parte de la Junta, el parlamentario del PP ha lamentado los datos ofrecidos por Griñán, ya que "dan la espalda" al texto estatutario con el único objetivo de "no plantearle problemas" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien "en una tarde en Moncloa concede a otros" una deuda histórica superior, en alusión a Cataluña.

Por su parte, Pedro Vaquero ha arremetido contra la Junta, a la que ha acusado de "falsa voluntad" al plantear un grupo de trabajo con los grupos cuando "todos" están convencidos de que ya existe un acuerdo con el Gobierno central para que se produzca el abono de una "minideuda histórica" para la comunidad andaluza.