La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha cuestionado en otro auto que haya continuidad delictiva en las ayudas investigadas, una figura delictiva sobre la que está cimentada la instrucción y que, en el caso de rechazarse, podría provocar la prescripción de los delitos de muchas de las subvenciones concedidas y afectaría a la imputación de numerosos altos cargos.

La magistrada analiza la cuestión de la continuidad delictiva en un auto dictado el 27 de enero pasado, en el que desestima el recurso del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez contra la división de la causa en las seis primeras piezas separadas para agilizar su instrucción y enjuiciamiento.

Bolaños señala que la única cuestión que plantea el ex director es si en esta investigación existe un delito continuado que debe ser enjuiciado en un único proceso, teniendo en cuenta que en el caso de los ERE hay una "pluralidad de hechos sobre los que estamos sopesando es si deben o no enjuiciarse en un solo procedimiento".

Dice la instructora que para que exista un delito continuado debe investigarse "una pluralidad de hechos que individualmente contemplados pudieran constituir infracciones independientes: delitos o faltas". Bolaños reconoce que la "diversidad" de conductas investigadas y el "volumen" de las mismas -200 ayudas- "hace difícil una conclusión sobre la existencia del delito continuado sin un previo análisis pormenorizado de todas y cada una de las ayudas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en fase de instrucción", precisa la juez, que añade que "en todo caso lo que preocupa al recurrente no es si indiciariamente se califican las conductas como delito continuado sino el efecto penológico de tal apreciación, lo que se determinará en fase de enjuiciamiento".