Los perceptores del salario social, unos 56.000 el pasado año en Andalucía, contarán por primera vez con ofertas de trabajo en virtud del decreto ley de medidas urgentes para la inclusión social aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta. La previsión es llegar al menos a unos 800 contratos de trabajo en empresas de economía social que hagan esas ofertas. Con esta cifra, la Junta se daría por contenta, enfatizó ayer la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

La consejera llamó la atención sobre la dificultad de encontrar empresas (y puestos de trabajo) para estos colectivos de personas, aunque muchos de ellos hayan pedido el salario (de entre 400 y 624 euros un máximo de seis meses) por circunstancias sobrevenidas con motivo de la crisis y haya cambiado el perfil de solicitantes.

La intención de la Consejería es reformular un programa de salario social vigente desde 1991 que se ha quedado desfasado y que, aunque lo tiene recogido en su articulado, no convoca programas de formación u otras actividades integradoras. En la última década de los 90 hubo experiencias de empleo público en los ayuntamientos para estas personas, y podría ser una posibilidad, aunque la consejera señaló que "por ahora no".

Este programa contará con dos millones de euros y supone una de las novedades del decreto, que se publicará esta semana en el BOJA.

Una de las dificultades de los programas de empleo (como el que transfiere 40 millones de euros a los ayuntamientos para obras municipales a personas que acrediten riesgo de exclusión con un informe de los servicios sociales) es la inminente llegada del verano. Los contratos se podrán hacer hasta marzo de 2015 en el caso de los ayuntamientos y, para el salario social, se buscará una fórmula, ya que acaban en diciembre.

Aunque la Junta presupuestó 60 millones, finalmente serán 4 más, aunque Sánchez Rubio no precisó de dónde salen. Sumó los 90,6 ya presupuestados del salario social y otros cuatro de distintas consejerías para contabilizar un montante global de 158 millones. Los beneficiarios estimados son 160.000, aunque el alcance dependerá de los resultados del programa.