El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que niega "radicalmente" haber participado "de manera alguna en concierto de ninguna clase para utilización ilegítima de fondos públicos".

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del ex consejero se pronuncia de este modo después de que la magistrada aludiera a su defendido en un auto donde rechazaba, por segunda vez, la petición del dueño de Uniter, José González Mata, para que se archivara su causa en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos. En este auto, la instructora decía que, en virtud de lo investigado, "resulta posible" que González Mata participara desde el año 2001 al 2010 "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos, mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente" con los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, "y ello con motivo de la concesión por éstos últimos de las subvenciones sociolaborales".

Frente a ello, el letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, rechaza "con toda firmeza" esta tesis "al no corresponderse en modo alguno con la realidad", ya que su cliente "radicalmente niega haber participado de manera alguna en concierto de ninguna clase para utilización ilegítima de fondos públicos, sin que exista prueba ni indicio consistente alguno de tal supuesta participación que mera y gratuitamente se presume".

La defensa de Fernández asevera en este escrito que éste "jamás concedió ni una sola ayuda sociolaboral ni directa a empresa de las que son objeto de investigación en esta causa", ya que "la competencia para ello estaba expresamente residenciada y fue en todo momento autónoma y exclusivamente ejercida" por el director general de Trabajo.

En este escrito de alegaciones el letrado subraya que, "con ocasión de serle recibida declaración en la ya lejana primavera de 2012", su patrocinado "fue objeto de una imputación tan masiva que se extendía a todas y cada una de las ayudas sociolaborales o directas a empresas concedidas a lo largo de todo el periodo en que ejerció cargos en la Consejería de Empleo".

El abogado dice que se trató de una imputación "de carácter general e ilimitado que sólo cabe interpretar a la luz del momento en que se produjo, el del estallido inicial del caso, en condiciones de muy incipiente investigación".