El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral, con el que se establecen las bases para actuar en el caso de vertidos en la costa. Las competencias de la Junta en esta materia se reducen a la contaminación en tierra, ya que corresponde al Ministerio de Fomento la intervención en el mar. El documento, que encomienda a la Consejería de Gobernación la coordinación en este tipo de accidentes, cubre los 1.100 kilómetros de litoral, incluyendo el curso del Guadalquivir hasta Sevilla, lo que afecta a 75 municipios.

Tal y como establece el documento, en caso de emergencia la actuación del Gobierno estará asesorada por un comité científico-técnico, que estará integrado por especialistas en contaminación de la costa. La Junta prevé también la creación de un comité asesor, conformado por representantes de distintas administraciones afectadas en el posible accidente, y el órgano de participación, donde se dará cabida a los distintos representantes sociales.

La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, se encargó de presentar este plan de emergencia que, a su juicio, ha permitido "evaluar los puntos que implican mayor riesgo en el litoral andaluz". Aguilera consideró el Estrecho y las grandes zonas portuarias como los lugares más conflictivos, aunque poco más precisó sobre estas zonas donde se concentra el peligro, a pesar del estudio "exhaustivo" que se ha realizado de la costa andaluza.

Prueba del riesgo que se corre en el Estrecho lo ofrece el dato de Greenpeace, que estima que en la Bahía de Algeciras se trasvasan 6 millones de toneladas al año de combustible entre buques en el mar. Los accidentes en 2007 del Sierra Nava y del chatarrero New Flame han sido los últimos episodios contaminantes más graves vividos en esta zona. Clara Aguilera consideró ayer, sin embargo, que poco se habría modificado a la gestión que la Junta realizó durante el vertido del New Flame si entonces hubiera estado ya vigente el nuevo plan. "No hubiera cambiado absolutamente nada", respondió a los periodistas.

El dispositivo, que se coordinará por el Sistema de Emergencia 112, abre la posibilidad a que entidades privadas participen en la recuperación de las zonas afectadas por vertidos, además de los efectivos de Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad o voluntarios. Distingue entre las situaciones causadas por accidentes marítimos y aquellas otras originadas en puertos, terminales e industrias del litoral o instalaciones en mar adentro. En ambos casos se incluyen, entre otras, medidas de limpieza, recogida y transporte de residuos, evaluación de daños medioambientales, recuperación ecológica, control sanitario y supervisión de las operaciones.