Varias defensas de altos cargos personados en la pieza separada del "procedimiento específico" de los ERE han recurrido un auto de la juez Bolaños en el que accedió a la práctica de una serie de diligencias de prueba solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, al entender que las mismas son "dilatorias y entorpecedoras" y van en contra del objeto de la división: la agilización de la macrocausa para acelerar el enjuiciamiento de esta pieza.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, considera que la práctica de las pruebas solicitadas por la Fiscalía –entre las que se encuentra la remisión a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el uso de las transferencias de financiación en otras 11 empresas públicas- sólo puede "redundar en la dilación de la causa y provocar el entorpecimiento del objetivo perseguido de la más pronta finalización de la instrucción" y su enjuiciamiento.

De la misma forma, el letrado sostiene que la aportación a esta pieza del expediente de ayudas a la empresa Valeo Iluminación, prueba que ya fue solicitada en las diligencias principales de los ERE (174/11), sólo puede producir "duplicaciones y superposiciones de pruebas".

Con respecto a que la Junta de Andalucía informe sobre los expedientes tramitados relativos a ayudas previas a la jubilación (APJO) en el periodo 2001-2010, la defensa del ex consejero llama la atención sobre el hecho de que la Fiscalía "a estas alturas proponga una prueba de tal dimensión y complejidad", lo que le causa "no ya extrañeza sino graves dudas sobre cuáles pueden ser los designios que conducen a tal clase de solicitud", hasta el punto de que considera que esta diligencia de prueba presenta los caracteres de una "investigación prospectiva dentro de la propia instrucción".

Por su parte, el abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de Idea Jacinto Cañete, ha solicitado a la juez Bolaños una aclaración del auto en el que accedió a las pruebas pedidas por la Fiscalía, una "incomprensible petición que en lugar de pretender agilizar la instrucción, de facto, le confiere un frenazo injustificado" que aleja a todos del verdadero objetivo por el que la división de la macrocausa fue acordado.

"No apreciamos razón de ser, ni utilidad, ni la menor conexión de las diligencias que los fiscales instan con el objeto de la causa y, a los efectos de descartar que nos hallemos en un intento de frenar la instrucción por razones sobrevenidas que podamos desconocer, interesa que le sean reveladas las verdaderas intenciones por las cuales los señores fiscales instan unas diligencias que al menos aparentemente están completamente desconectadas del objeto de la presente investigación".

Esta defensa lamenta el "desasosiego procesal" que se ha producido en esta causa, por cuanto "asiste atónito a una situación que ya no comprende, que se escapa a todas las reglas de la lógica, que por un lado se nos dice que hay que dividir, correr y celebrar pronto un juicio del procedimiento específico, pero por otro lado se actúa en sentido justo y diametralmente opuesto".

De otro lado, el abogado Antonio Uceda, que representa a los ex directores de Finanzas de la agencia Idea Pablo Millán y Juan Vela, también ha solicitado la aclaración del auto a la juez María Núñez Bolaños, al estimar que no resulta procedente "pretender clonar" las diligencias previas de los ERE en la pieza abierta sobre el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas.  

El letrado coincide en que la petición del Ministerio Público en relación con las pruebas solicitadas supone una "duplicidad" con respecto a lo que ya se actuado en la pieza principal de los ERE, y muestra su "preocupación" por el hecho de que por la vía de la introducción de diligencias de prueba "que claramente exceden del objeto de las presentes diligencias previas, se desvirtúe el contenido y la finalidad de la división inicialmente acordada en el procedimiento". "Si el propio Ministerio Fiscal ha venido promoviendo la división de la causa para agilizar su tramitación, no entendemos qué circunstancias concurren ahora para que, en lugar de permitir la ágil tramitación de las presentes diligencias previas para que pueda haber un pronunciamiento sobre el denominado procedimiento específico, se proponga ahora realizar toda una batería de diligencias que, en realidad, supondrían una duplicación de las diligencias previas 174/2011", añade.

Según esta defensa lo que debe rechazarse es "crear una multitud de procedimientos que, en realidad, tengan un mismo objeto, produciendo una enorme confusión y vulnerando gravemente el derecho de defensa, pues se estarían analizando las mismas cuestiones en varios procedimientos distintos, con una manifiesta división de la continencia de la causa, y produciendo una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".