Contrataciones fantasma de UMAX

El abogado de Guerrero dice que la Junta tuvo un "enriquecimiento injusto" por no pagar las facturas de UMAX

  • La defensa de Daniel Rivera afirma que él ex director general de Trabajo fue quien destapó el caso y que “llegó, vio y venció”

Francisco Javier Guerrero en su llegada a la Audiencia Francisco Javier Guerrero en su llegada a la Audiencia

Francisco Javier Guerrero en su llegada a la Audiencia / Belén Vargas

El letrado que representa a Francisco Javier Guerrero en el caso de los "contratos fantasma" de UMAX, Rafael Ramírez explicó que la Junta de Andalucía tuvo, en todo caso, un "enriquecimiento injusto" por no pagar el millón y medio de euros que reclamaba UMAX a la Dirección General de Trabajo por facturas impagadas. El abogado se preguntó la razón por la que se inicia este procedimiento cuando a lo largo del proceso se ha demostrado que la empresa en cuestión actuó del mismo modo que otras cuatro existentes en ese momento y no se ha iniciado contra ellas ningún procedimiento penal. "Pero claro, éstas no estaban en la Dirección General de Javier Guerrero", quien es para algunos medios y la Fiscalía "el principal impulsor de los ERES".

Ramírez afirmó que todo el proceso ha estado encaminado a "condenar al señor Guerrero, no tenemos más que ver cómo se han instruido los ERE". El ex director General de Trabajo está acusado de prevaricación, malversación y falsedad documental, "pero no sabemos qué documentos se han falseado, ni cuáles son los familiares que se han contratado, ni las cantidades que supuestamente se han pagado. La acusación debería haber probado cómo personas desconocidas se poenn de acuerdo para contratar a UMAX". 

El letrado recordó que lo que existe es un "principio de acuerdo" de contratación en caso de necesidad de personal de apoyo en la Dirección General. "Esta petición se realiza por los jefes de servicio, no por Guerrero" a quien, según el abogado se le atribuyen funciones que no eran suyas como la fiscalización de las cuentas o la elaboración de las facturas. 

Respecto a la afirmación de la fiscal de que la mayoría de los contratados eran del círculo de Guerrero, el abogado recordó que en todo caso, "eso sería un delito de tráfico de influencias" que no es el que se le imputa al ex director general. Además, de los 43 trabajadores de UMAX, sólo 6 eran de El Pedroso, pueblo del que fue alcalde Guerrero. Ramírez solicitó la libre absolución para su representado. En este sentido, el abogado defensor de Ulpiano Cuadrado, dueño de UMAX,  comentó con ironía  "nadie de El Pedroso podría trabajar en la Dirección General de Trabajo".

La "buena fe" de Rivera

Por otro lado, el abogado defensor del tercero de los ex directores generales de Trabajo procesados, éste sólo por la acusación particular, Daniel Rivera, su representado fue quien puso fin a esta "situación irregular". Según el letrado, Rivera está en situación de indefensión porque se le acusa "de hechos ajenos a este procedimiento", refiriéndose al caso Faffe. El ex director general acudió a esta fundación para proveer de personal a la Dirección General "de forma reglada". "Su único delito es actuar de buena fe", añadió.

Por su parte, la defensa de Ulpiano Cuadrado, dueño de UMAX, señaló que "las acusaciones se han visto equivocadas por una instrucción viciada llevada a golpe de intuición policial respecto a lo que aquí se había desarrollado". Asimismo recordó que esta empresa no fue creada para "saquear las cuentas públicas" sino que tenía una amplia experiencia de trabajo con la administración autonómica. 

También defendió a su representado de la acusación de una administación paralela. "En el momento en el que hay más trabajadores de UMAX prestando servicio en la Junta hay sólo 30, frente a un personal de 30.000, esto no es una administración paralela".

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