El Tribunal de Cuentas ha sacado los colores por última vez a los responsables del Ayuntamiento de Marbella durante la era GIL. El 26 de junio el Pleno de este órgano aprobó definitivamente el proyecto de fiscalización del Consistorio y sus sociedades mercantiles participadas, que abarca desde el 1 de enero de 2002 al 21 de abril de 2006, fecha en la que se produjeron las primeras detenciones de la operación Malaya. En el documento, que fue dado a conocer en febrero por el gobierno de Ángeles Muñoz (PP), se vuelven a poner de manifiesto todas las tropelías que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento para desviar fondos de las arcas municipales.

El desequilibrio financiero en las arcas municipales, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos, era al menos de 335 millones de euros el 31 de diciembre de 2005. Este déficit, que existía durante la época de Marisol Yagüe, representaba más del 181 por ciento del presupuesto inicial y un desequilibrio de 2.669 euros por habitante empadronado en Marbella.