El fraude a la Seguridad Social descubierto en la provincia de Granada cuenta ya con 340 implicados, aunque las investigaciones continúan y el número podría llegar a 450. Desde que se destapó la trama han sido detenidas e imputadas 80 personas, entre ellas cuatro empresarios, uno de los cuales ha ingresado en prisión. El quebranto económico generado a la Seguridad Social y al Inem por las sociedades y personas involucradas en esta presunta estafa ronda los 4,2 millones de euros. Las empresas implicadas son catorce y todas están ligadas a la construcción. La mayoría nunca ha tenido una actividad real.

Estos datos fueron desvelados ayer por el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, durante una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes la directora de la Tesorería de la Seguridad Social en Granada, Inmaculada Hidalgo; el jefe de la Inspección de Trabajo en la provincia, Jesús Jiménez; y el director del Inem en Granada, Jerónimo Arjona.

Cruz explicó que las anomalías que han puesto al descubierto este supuesto fraude comenzaron a detectarse en 2006, aunque la denuncia no se presentó hasta el pasado 10 de septiembre, dando lugar a la denominada operación Genil.

De los 80 detenidos, cuatro son los empresarios que, supuestamente, movían los hilos de esta trama, por la que se les imputan "delitos de insolvencia punible, contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa", precisó el subdelegado. A los 76 restantes se les atribuye la posible comisión sólo de los delitos de falsedad y estafa. "La operación no se da por cerrada, se sigue trabajando y el número -de implicados- puede llegar a los 450", indicó Cruz.

Hidalgo quiso recalcar que la Seguridad Social tiene "los mecanismos de control suficientes para evitar que estos fraudes se produzcan". En este contexto, explicó que desde enero de este año, existe un convenio con la Inspección de Trabajo que ha dado lugar a un observatorio contra el fraude.

El fraude, en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, asciende hasta ahora a unos 700.000 euros, mientras que la cantidad que las empresas implicadas han dejado de pagar a la Seguridad Social alcanza los 3,5 millones de euros. El dinero defraudado se eleva unos 4,2 millones de euros. En cuanto a las sociedades, como aclaró Cruz, figuran "14 nombres de empresas que se han ido constituyendo de manera sucesiva por los mismos implicados".

El supuesto fraude se descubrió porque las empresas implicadas, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, causaban baja. Los trabajadores, gran parte de ellos mujeres dedicadas de forma habitual a la venta ambulante y que aseguran haber trabajado pese a no identificar lugares, debían pagar unos 500 euros a los empresarios que les daban de alta. Luego cobraban el desempleo.