Granada y Málaga pasaron a la fase 3 de la desescalada el pasado 8 de junio en una circunstancias excepcionales, pues no se cumplió la norma de los 14 días establecida para todos los territorios. Ese salto exprés tras una sola semana en la fase 2, como reclamaba con insistencia la Junta de Andalucía, no se justificó de forma alguna en los informes técnicos que ahora ha hecho público el Ministerio de Sanidad. 

El informe que autorizaba el paso a la fase 3 de todo el territorio andaluz en su conjunto, incluidas Granada y Málaga, no hace ninguna alusión concreta a la situación excepcional de estas provincias, que en el momento de la firma del documento (5 de junio) llevaban sólo 5 días con las nuevas libertades de la fase 2. Hasta ese momento Sanidad había retrasado una semana en estos territorios el cambio de estado de la desescalada y para ello había hecho estudios específicos e informes particulares con el análisis de los datos de estas provincias. Hasta que esos documentos con los datos de cada uno de los dos territorios no fueron positivos no se autorizaron otros avances anteriores a las fases 1 y 2. 

La directora general de Salud Pública firmó el 5 de junio un informe publicado ahora en el que recomendaba el avance a la fase 3 de todas las provincias andaluzas a la vez por la buena situación de los datos epidemiológicos que la Comunidad presentaba en ese momento. La cuestión es que Granada y Málaga contaban entonces con una semana menos de prueba en la fase 2, de modo que era imposible conocer entonces el efecto que esa desescalada estaba teniendo en estas provincias.

Las consecuencias de la fase 3 y de la nueva normalidad sí se están conociendo estos días, dado que se ha producido un aumento de los casos en estos territorios, en especial en Málaga, que han de tener su origen en los contagios de días previos. 

La autorización especial que Sanidad dio para que toda Andalucía cambiara de fase el pasado 8 de junio, a pesar de incumplir la famosa norma de los 14 días, llegó tras unos días de intensa presión por parte de la Junta de Andalucía, que reclamaba un "trato igualitario" para todas las provincias andaluzas, ya que la situación del virus era similar en ese momento. 

El cambio de fase para todos los territorios andaluces a la vez fue fundamental para que la Comunidad autorizara la movilidad entre provincias a partir de ese mismo lunes 8 de junio. Era un avance muy esperado, sobre todo en cuanto a la reactivación económica y turística. Luego ha venido la movilidad con el resto de España, pero para entonces ya había nuevos focos de coronavirus en Granada y, sobre todo en Málaga, que comenzaron a proliferar a finales de la semana pasada, casi 14 días después de la entrada en la fase 3. 

El informe de Sanidad sólo hace mención a las características de la pandemia en todo el territorio andaluz, que era de 1,85 casos confirmados notificados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, destacaba la capacidad asistencial y de detección y control del virus que ha puesto en marcha la Consejería de Salud en Andalucía. 

El documento mostraba la confianza en ese sistema de vigilancia, dado que se estaban haciendo los test PCR a los casos sospechosos desde la atención primaria en un porcentaje muy elevado. La Dirección General consideraba que la Comunidad "ha consolidado sus estrategia de vigilancia que entró el vigor el 11 de mayo". También señalaban el "esfuerzo" en el aumento de la capacidad para hacer test y en el sistema de control en residencias de ancianos y centros similares. 

"Aunque la tendencia es muy favorable, es necesario realizar un seguimiento estrecho de la situación epidemiológica para valorar de forma continua el impacto de las distintas fases de la desescalada". Esta es una de las recomendaciones finales con las que concluye el informe de Sanidad para autorizar el paso a la fase 3 en Andalucía.