Sin debate -ya bastante se ha hablado- y pasando casi desapercibido, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer el plan especial de ordenación y protección de la Carretera de Palma, lo que supone abrir el camino a la legalización de las polémicas naves que el empresario Rafael Gómez, Sandokán, construyó de forma irregular en los terrenos de la antigua Colecor.

Todos los grupos políticos dieron el visto bueno al plan, salvo tres concejales de Unión Cordobesa que se ausentaron en el momento de la votación. Estos fueron Rafael Gómez -por motivos obvios ya que es parte interesada del asunto y no se le permite votar en estas cuestiones- y los concejales díscolos de esta formación política que se abstuvieron porque la votación "para evitar conflictos éticos y de conciencia."

Los ediles, que se han mostrado al margen de la disciplina del partido, alegaron que cuando no se garantiza la objetividad se tiene la opción de ausentarse de los debates y los procesos de aprobación de los asuntos en cuestión.

Pese a que durante el pleno no hubo intervenciones, Gómez sí que habló antes de que comenzara la sesión sobre la aprobación de plan y la construcción de las naves por las que se enfrenta a una multa de 24 millones de euros. El empresario insistió en que no abonará la sanción, pues no tiene dinero "para pagarla". Gómez, en su papel, emplazó al Ayuntamiento a que "que vayan al maestro armero a por los dineros, pues yo no la voy a pagar nunca, lo tengo claro", apostilló, incluso aunque haya una sentencia judicial que le obligue.

Por su parte, el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, aseguró que el Consistorio "hará todos los esfuerzos que tenga que hacer para cobrar la multa". Esto supone que, si el empresario se niega a abonar el dinero, se procederá al embargo y subasta de sus bienes, como ya se ha realizado en otras ocasiones.

El plan especial regula un total de 155 hectáreas, donde se ubican, entre otras instalaciones, las citadas naves de Colecor. Ahora, según el plan, ya aprobado de forma definitiva y que habrá que desarrollar mediante planes parciales y de actuación, solo se podrá legalizar una parte de las naves, siendo preciso demoler 15.000 de los 40.000 metros cuadrados construidos.

De otra parte, Rafael Gómez, anunció que el dinero de la asignación que recibe su partido del Ayuntamiento y la Diputación lo está destinando al arreglo de viviendas en mal estado de la barriada de Palmeras. Gómez aseguró que ya han acometido actuaciones de mejora en veinte inmuebles y que el objetivo es arreglar los pisos de 600 familias.

Además de las asignaciones, el líder de UCOR aseguró que está recibiendo donaciones de empresarios y lamentó la situación "límite" que están viviendo las familias de estas barriadas de la ciudad.