Rafael Ricardi Robles, el portuense encarcelado desde hace ya más de 12 años y ocho meses por una violación que unos nuevos análisis genéticos han demostrado que no cometió, está ya a un paso de salir de la prisión de Topas.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ya le ha concedido el tercer grado. La determinación se ha basado en la petición en este sentido realizada por la Junta de Tratamiento de la prisión salmantina en la que tiene asignado el cumplimiento de su condena, que se reunió el jueves para estudiar el caso de Ricardi.

Segun han informado fuentes penitenciarias a La Gaceta de Salamanca, en la prisión de Topas tienen previsto redactar en el transcurso de la semana próxima el expediente de libertad condicional para el prtuense. Un expedienet que será elevado al titular de el Juzgado de Vigilaancia Penitenciaria de Salamanca, que será en último término el que deberá autorizar la excarcelación. Aunque todo apunta a que la resolución será favorable, toda vez que ya desde la Fiscalía General del estado se ha promovido el asunto a instancias de la Fiscalía de Cádiz, que demandó el pasdo martes la excarcelación inmediata del portuense.

De momento, sigue pues sin haber una fecha concreta para que Ricardi pueda quedar libre, ya que, como se expone desde distintos estamentos judiciales, hay que seguir antes unos trámites previos que se pueden prolongar desde varios días hasta incluso un mes.

En paralelo, el propio preso y su abogada, la letrada de Derechos Humanos Antonia Alba, han comenzado a realizar gestiones para agilizar la excarcelación. La abogada, sin embargo, no pudo finalmente ayer interponer el recurso de revisión de condena ante el Tribunal Supremo, dado que no recibió la documentación que estaba esperando. Alba esperaba poder formalizar ya este próximo lunes la presentación del recurso.

Ricardi lleva encarcelado ya doce años, ocho meses y cuatro días (con una estancia previa en prisión, en agosto de 1995, de dos días) por la violación de una joven en la urbanización Valle Alto de El Puerto de Santa María que los nuevos avances genéticos han podido imputar ahora a otras dos personas. Ha sido en recortes de ropa desechados de la víctima donde el Instituto Nacional de Toxicología ha hallado el ADN de dos personas. Oficialmente, se ha dicho que una de ellas es Fernando P., uno de los dos jerezanos a los que la Policía imputa esta y las restantes violaciones cometidas entre 1995 y 2000 en municipios de Cádiz. Todo apunta a que la otra es el otro jerezano, Juan B.

Ayer este periódico pudo conocer otra anomalía más en el proceso penitenciario de Rafael Ricardi. Y es que al contrario de lo que afirmó el abogado de oficio del portuense, la defensa sí recibió el informe que el Instituto Nacional de Toxicología realizó en el año 2000 en el que se descartaba que fuera de Ricardi el ADN hallado en la gasa con la que se limpió la víctima de la violación que se atribuía al reo. El informe echaba por tierra los análisis de 1995 en los que se decía que su código genético era coincidente con las muestras halladas. El abogado, Miguel Fernández Melero, aseguró a este diario que no fue informado de dichas pruebas pero este diario ha tenido acceso al acuso de recibo del traslado de dicho informe.