El Gobierno de la nación y la Junta han alcanzado sendos acuerdos que permiten superar las "discrepancias competenciales" que el Ejecutivo central había expresado en relación a determinados contenidos de las leyes andaluzas para la Promoción de la Igualdad de Género y de Medidas frente al cambio climático y que podían haber derivado en la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo central.

Ambos acuerdos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se alcanzaron el 26 de junio en Madrid, en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de controversias de la Comisión Bilateral de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía después de la labor de los grupos de trabajo creados para solucionar las referidas "discrepancias competenciales" manifestadas en diciembre en torno a sendas leyes.

El Ejecutivo planteó "discrepancias", entre otros, por la definición, de "acoso sexual"

En relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, que modificaba la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género, impulsada por el Ejecutivo de Susana Díaz y que el Parlamento aprobó en septiembre con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, el Gobierno había expresado discrepancias en el apartado de infracciones y sanciones, así como sobre la definición de "acoso sexual" y "lenguaje sexista".

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública explicaron a Europa Press que las discrepancias se centraban en la regulación del acoso por considerar que supone una "invasión de competencias exclusivas" del Estado en materia de legislación laboral, que es normativa básica que afecta a todas las administraciones.

En cuanto a las divergencias de ambas administraciones sobre la normativa de cambio climático, Gobierno y Junta "coinciden en manifestar que la recta interpretación de los preceptos de referencia determina que los sectores y actividades de cualquier naturaleza sobre los que incide el ámbito de aplicación de la norma autonómica son aquellos sobre los que, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, haya asumido competencias".

La Carta Magna, en esta cuestión, señala la "competencia exclusiva" del Estado sobre "marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves".

Vinculado al artículo dedicado a la contratación pública verde, "la Comunidad Autónoma asume el compromiso de modificarlo con el objeto de clarificar que la Administración General del Estado quedan fuera de su ámbito de aplicación".