A la resolución del denominado sudoku autonómico le restan horas. De las comunidades que asisten hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera, las nueve socialistas, Canarias y Cantabria han anticipado su apoyo a la propuesta del Gobierno, que iniciará el trámite parlamentario a la vuelta de las vacaciones.

Son las comunidades autónomas gobernadas por el PP quienes en la recta final de la negociación no han aclarado su posición. La consigna popular ante el sistema del Gobierno es el rechazo, pero ante la situación de asfixia financiera que están atravesando muchas autonomías, el PP ya trabaja con la idea de que varias de sus autonomías no se opongan con un no rotundo al nuevo modelo, sino que opten por la abstención.

En esta ambigüedad se mueven los populares y en ella ahondó ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy. Conocedor de la disparidad de criterios entre las comunidades, Rajoy animó a los presidentes regionales a defender "los intereses de su comunidad", para después calificar el modelo de "chapuza" entre un aluvión de descalificaciones. La postura oficial del rechazo de las comunidades del PP al nuevo modelo de financiación autonómica llegó de la mano de un comunicado tras la reunión que mantuvo la dirección popular, encabezada por Javier Arenas y Cristobal Montoro, con los consejeros de Economía de las comunidades populares.

Previsiblemente, según indicaron fuentes del partido a Europa Press, las seis autonomías del PP -Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- se abstendrán en la votación y confían en que puedan incorporarse en el documento algunas de sus propuestas.

Rajoy conoce que los gobiernos regionales, aunque hoy rechacen el sistema, aceptarán las cantidades que les ofrezca el Gobierno cuando en un trámite posterior se reúnan las comisiones mixtas de transferencias, es decir, en un cara a cara bilateral del Estado.

Al igual que el mensaje de la dirección, los presidentes regionales endurecieron el discurso. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el nuevo modelo de financiación otorgue a Galicia hasta 190 millones de euros anuales más de los 590 que con fecha 2012 le ofrece el Gobierno. De lo contrario, sostuvo que no firmará. Castilla y León, del frente noroeste recibirá unos 520 millones y pide de 646 a 720.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que la comunidad no podrá pagar en 2011 sus servicios con el nuevo sistema y explicó que perdería cerca de 1.000 millones en 2010 con este modelo. Reclamó que el Gobierno central reconozca el incremento de población en Madrid de unas 300.000 personas y criticó que la comunidad tenga que devolver 5,1 millones de euros. En esta línea, La Rioja reclamó abrir la negociación para que se reciban propuestas de las comunidades, mientras que la Comunidad Valenciana anunció que no renunciará "ni a un solo euro".

Las comunidades del PP se pusieron de acuerdo en las seis conclusiones que sintetizan el rechazo, aunque como preámbulo denunciaron que "el nuevo modelo de financiación es fruto de un pacto con ERC, y no de un pacto de Estado".