Más de 200 jueces, fiscales, abogados y funcionarios de Justicia se han concentrado este mediodía a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla para protestar por la situación de la Justicia y las reformas emprendidas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. El paro parcial de la Administración de Justicia, entre las doce y la una de la tarde, ha tenido un seguimiento “importante”, según los convocantes.

Tras la concentración, los jueces y fiscales se reunieron en el salón de Plenos de la Audiencia, donde dieron lectura a un comunicado elaborado por la Comisión Interasociativa de Conflicto, en el que ambas carreras exigen la “retirada inmediata” del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entienden “perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”.

Los jueces y fiscales también han reclamado que el Consejo General del Poder Judicial “mantenga su actual estructura y competencias” y que se potencie el Consejo Fiscal, y rechazan cualquier modificación que “mine la independencia e imparcialidad” del Poder Judicial.

De la misma forma, exigen “autonomía presupuestaria” del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.

Entre las reivindicaciones, se incluye además el aumento de la planta de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea, y que la Justicia tenga los medios humanos y materiales necesarios, así como la determinación “definitiva” de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad. “Exigimos la adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y las Fiscalías”, añade el comunicado que leyó el juez Álvaro Martín, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Sevilla.

Los jueces y fiscales han mostrado igualmente su rechazo a la ley de tasas, punto en el que han exigido una norma que “no limite el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.

Con estas propuestas, añade el comunicado, ambas carreras quieren hacer un nuevo llamamiento a “todos los responsables políticos, recordando que la Justicia no puede ser vista como un problema, sino como un elemento esencial de la solución”.

Los jueces y fiscales han mostrado igualmente su disposición a “aportar mejoras en la legislación de la Justicia para obtener una Justicia centrada en las personas, en la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, una Justicia ágil que al favorecer la seguridad jurídica ayude a la reactivación económica”. Por último, los profesionales han pedido a la ciudadanía que “asuma la defensa de la Justicia y su independencia, como garantía de sus derechos y libertades”.

Los representantes de las asociaciones convocantes han rechazado, de otro lado, las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en las que ha atribuido las protestas de ambos colectivos a la retirada de la paga extra de Navidad y la reducción del número de días de asuntos propios que disfrutan al año.

El magistrado Juan Romeo, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en Andalucía Occidental, apuntó que la paga extra de Navidad no la va a cobrar ningún funcionario, por si esa fuera la motivación de la protesta “no tendríamos que estar sólo nosotros sino todos los funcionarios, y en cuanto a los días de asuntos propios los que tenemos asentadas a nuestras familias en nuestro lugar de trabajo no los cogemos o cogemos muchísimos menos”, precisó.

“En absoluto puede decirse que nosotros nos estamos moviendo por esas afirmaciones gratuitas que ha hecho el ministro, señaló el juez de la Audiencia de Sevilla, que destacó que las protestas son una “consecuencia lógica del ataque tan frontal que por parte del Ministerio se está realizando a la Administración de Justicia,  limando tanto la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal, con recortes en personal y también un recorte muy importante en la tutela judicial efectiva a través de las tasas judiciales tan enormes, desproporcionadas e irracionales que se han marcado”.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) e Sevilla, Álvaro Martín, consideró que “el señor Gallardón enfoca o valora las cosas como las considera oportunas y como las considera oportunas para sus intereses, pero no es una reivindicación de tipo laboral, basta ver el planteamiento que se ha realizado por las asociaciones para darse cuenta. Nosotros estamos defendiendo la independencia del Poder Judicial y el derecho a la tutela judicial del ciudadano y que el ciudadano vaya a acceder a tribunales que les presten todas las garantías de independencia”.  El magistrado explicó que la ley de tasas “no es la gota que ha colmado el vaso”, es uno de los elementos que entra en la “discordia entre el concepto que se tiene entre un Poder Judicial efectivo y una Administración de Justicia que llegue al ciudadano y el concepto que se está intentando implantar”, por cuanto consideran que la ley de tasas puede atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva por la cuantía que se han establecido.

A la pregunta de si el conflicto puede desembocar en una huelga, Álvaro Martín aseveró que los jueces consideran que todo conflicto tiene que desembocar en una solución y “aspiran a encontrar la solución a este problema, la solución la puede dar el presidente del Gobierno, el ministro, el secretario de Estado, quién sea”, pero deber ser una que “satisfaga y atienda las necesidades del ciudadano”. 

El juez añadió que por parte de la carrera se están dando “tantas oportunidades como sea posible y ahora es el Ministerio el que debe dar los pasos necesarios.

Hay que tener la esperanza de que existe voluntad de diálogo en el ámbito del Gobierno, más allá de las declaraciones particulares que se hagan en un momento determinado”.

Ángela Salazar, delegada de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en Sevilla, advirtió que el Gobierno está planteando suprimir las plazas de sustitutos, que en el caso de Sevilla afectaría a entre un 15 y un 20% de sustitutos, “grandes profesionales, que ejercen su labor con mucha dignidad, y que si desaparecen supondría tener que asumir por el resto de la plantilla un 20 % de la carga de trabajo”. En cuanto a las afirmaciones del ministro, la fiscal indicó que llama la atención que el Ministerio haya ofrecido que esas plazas sean sustituidas por la plantilla de fiscales a cambio de dinero, algo a lo que se niegan porque entienden que de esa forma no podrían desarrollar su labor “con la calidad que merecen” los ciudadanos. “Cuando nos dicen que los jueces y fiscales quieren ganar más y tener más vacaciones, nuestras propias reivindicaciones están desmintiendo esas afirmaciones”, concluyó.

La delegada de la Asociación de Fiscales, Isabel Vázquez, señaló que no hay ninguna fecha acordada para una huelga de jueces y fiscales. “Estamos lanzando la mano del diálogo al Gobierno y ahora está en manos de ellos arreglar la situación y conseguir las reivindicaciones que queremos, que insisto no son reivindicaciones de carácter económico ni de carácter laboral; lo que queremos es que nuestro trabajo, impartir Justicia, se puede hacer con dignidad en derecho del ciudadano”.

Por su parte, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, destacó que el seguimiento del paro parcial de hoy ha sido “importante”, aunque no ha podido ofrecer datos sobre los juicios que se han podido paralizar “transitoriamente” durante la hora en la que se ha desarrollado la protesta. El magistrado ha indicado que las juntas de jueces llevan reivindicando desde hace tiempo las deficiencias de medios materiales y personales de la Justicia, y ha apuntado que el mecanismo de sustitución interna de jueces que promueve el Ministerio aumentará en un 30% la carga actual de trabajo de los jueces y dada la actual situación de sobrecarga de los órganos judiciales esa nueva atribución es “inasumible”.

El decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, que también se ha sumado a esta movilización, ha señalado que está “sorprendido por la actitud” del Ministerio de Justicia y la “incapacidad” para afrontar las reformas que la Justicia necesita, al tiempo que ha señalado que “no se puede caminar con el pie más cambiado”, en alusión a las decisiones del Gobierno que han unido de forma unánime a todo el colectivo relacionado con la Administración de Justicia, por lo que confía en que el Ministerio rectifique y se logre un nuevo Pacto de Estado por la Justicia.