Andalucía

El Parlamento aprueba la ley que regula las consultas populares

  • Las iniciativas sobre políticas públicas se podrán presentar con el respaldo de 20.000 firmas

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y la portavoz del PP, Carmen Crespo, ayer en el Parlamento. La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y la portavoz del PP, Carmen Crespo, ayer en el Parlamento.

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y la portavoz del PP, Carmen Crespo, ayer en el Parlamento. / julio muñoz / efe

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El Parlamento andaluz aprobó ayer, con el respaldo de todos los grupos salvo IU, que se abstuvo, la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que regulará las consultas populares a nivel local y autonómico y que permitirá proponer políticas públicas en el ámbito regional con 20.000 firmas.

La ley, que ha incorporado aportaciones de los grupos en el trámite parlamentario, regula los cauces de participación de los andaluces en la toma de decisiones que les afecten, entre ellos las consultas a partir de los 16 años, aunque no serán vinculantes.

La norma aprobada fue impulsada por Izquierda Unida en la anterior legislatura, cuando gobernaba en coalición con el PSOE, pero la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas impidió que pudiera tramitarse. Tras retomarse en la actual legislatura, el proyecto sufrió modificaciones que la federación de izquierdas criticó desde el principio.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, subrayó el "trabajo compartido" y resaltó que con la ley se garantiza un derecho subjetivo para los andaluces, el de participar en las decisiones de los gobiernos. Sánchez Rubio opinó que es un día "para celebrar" porque se "profundiza" en la democracia "de la mano de la participación de los andaluces" y ha agradecido las aportaciones de multitud de entidades sociales.

La ley, que tendrá un plazo de un año para entrar en vigor, pretende establecer los cauces necesarios para que la participación ciudadana tenga seguridad jurídica y garantías, tanto a nivel de la administración autonómica como local.

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