La dimisión del interventor general de la Junta de Andalucía, Adolfo García Fernández, adelantada ayer por esta redacción, desencadenó una cascada de reacciones políticas en la que se adivinaron distintas motivaciones para explicar la renuncia. Los motivos esgrimidos por el propio García Fernández, en una carta presentada a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, fueron que llevaba casi un año interesado en dimitir y esperó hasta completar el cierre del ejercicio presupuestario, así como la necesidad de "rotación" en el puesto encargado del control financiero de la Administración andaluza. La versión oficial de la Junta se ajustó a la recurrente justificación de los "motivos personales".

Sin embargo, la proximidad de la comparecencia del interventor general en la comisión parlamentaria que investiga los cursos de formación, o el papel que este órgano ha tenido en los avisos a la Junta por casos como el de los ERE precipitaron otras explicaciones.

Entre los más atrevidos, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, que sin aportar un dato a su sospecha, se preguntó "qué ha visto" y "qué presiones ha podido recibir por parte del poder socialista" el interventor general para presentar su dimisión. Moreno urgió a la presidenta, Susana Díaz, a "responder" sobre esta renuncia y avanzó que pedirá la comparecencia urgente de la consejera de Hacienda en el pleno del Parlamento.

García Fernández, cuya dimisión aprobará hoy el Consejo de Gobierno de la Junta, sustituyó en junio de 2012 a Rocío Marcos, quien ocupaba esa responsabilidad desde que en abril de 2010 cesase Manuel Gómez Martínez, quien había ocupado el cargo más de una década.

La sucesión de interventores generales llevó a Moreno a preguntarse si "tan feo es lo que ven" para querer irse y se interrogó sobre si la dimisión de García tiene algo que ver con el hecho de haber presentado varios informes de actuación por un "presunto menoscabo" de fondos públicos en los cursos de formación.

El presidente del PP recordó que en la etapa de este interventor se han elevado al menos cinco informes de actuación y que se trata del tercero que se va de su puesto, ya que "su antecesora también dimitió y el anterior está inmerso en la investigación judicial de los ERE".

"El puesto de interventor general de la Junta debería ser un cargo muy demandado, pero observamos que existe lo contrario, hay ciertas dificultades para cubrirlo porque nadie lo quiere", lamentó Moreno. El presidente del PP andaluz insistió en que se trata de tres altos funcionarios, encargados de "velar" por el cumplimiento de la ley en la disposición de fondos públicos en la comunidad, que "dimiten o se van" de su responsabilidad.

Moreno aprovechó la noticia para presentar en rueda de prensa un batería de medidas de regeneración, entre las que incluyó la obligación de remitir al Parlamento tanto los informes de actuación emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía en un plazo no superior a siete días; como los informes que realizan los entes controlados sobre el grado de implantación de las recomendaciones propuestas en los informes de la Intervención General.

Además, el PP-A propone que el interventor general de la Junta comparezca al menos una vez al año en el Parlamento para dar cuenta del resultado de las actuaciones y conclusiones contenidas en los informes de mayor relevancia.

Esta dimisión, más la anunciada el pasado viernes del ex viceconsejero de Igualdad, Juan Jesús Jiménez, al conocer que tendrá que declarar como investigado por los ERE, llevaron a Moreno a sentenciar que "son asuntos que demuestran que la corrupción en Andalucía no ha desaparecido y que llega hasta las mismas puertas del despacho de la señora Díaz".

Por contra el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, sostuvo que es una dimisión "pactada" hace meses porque García Fernández "está cansado y se quiere ir".