José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, no quiere esperar a que pase la crisis económica para negociar el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ni por asomo. Es más, en una tribuna publicada ayer en El País, Montilla alertaba de la "desafección" a España que produciría esta demora que el ex presidente Felipe González ha sugerido a los barones socialistas. Las respuesta del PSOE andaluz ha sido inmediata: aunque se admite que la propuesta de González "se ve con buenos ojos", añaden que también hay que respetar los plazos legales. El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, explicó ayer a este periódico que la propuesta de esperar a mejores tiempos económicos está llena de sensatez, aunque también hay plazos legales que cumplir. Montilla ha citado el mes de agosto de 2008 como la fecha límite que marca el Estatut para alcanzar un acuerdo que se aplicaría en 2009.

De un modo similar se expresa el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la entrevista que hoy se publica en este medio (páginas 2 a 4). El presidente reconoce que también hubiera sido mejor esperar, aunque las comunidades autónomas necesitan mejorar su financiación para atender a los servicios prestados y también apunta a las fechas marcadas legalmente, y no sólo en el Estatuto catalán. Pizarro fue algo más lejos, y manifestó que la financiación de Cataluña no puede salir sólo de la negociación "bilateral" entre el Gobierno central y la Generalitat tal como argumentan desde el PSC de acuerdo con lo que marca el Estatuto catalán. "El diálogo sí puede ser bilateral, pero el acuerdo será entre todos, la negociación en sí es entre todos", señaló.

Montilla argumenta que esperar a la salida de la crisis para negociar la financiación autonómica conlleva el "riesgo del desafecto con la política española", lo que sin duda es el asunto más grave de los apuntados por el presidente de la Generalitat. "Violaría la ley, sería injusto y tendría riesgos políticos", mantiene. El presidente catalán afirma, rotundo, que "Cataluña ya no puede esperar más. Y, sobre todo, no puede aceptar que se le diga que ara (ahora) no toca" porque "no es aceptable que la solidaridad que se reclama a Cataluña perjudique los derechos de los catalanes". Montilla afirmó que existen "razones de peso" contra el argumento que reclama aplazar la negociación hasta que haya un nuevo ciclo económico favorable, como son la obligación legal o el hecho de que el desarrollo económico de España en las dos últimas décadas se explique también por su importante proceso de descentralización.

Pero no sólo los plazos separan a los socialistas andaluces y catalanes. Los primeros defienden que el número de habitantes sea el factor de mayor peso para calcular la participación de cada comunidad en los ingresos del Estado, un planteamiento que la dirección federal del PSOE ha anunciado que tomará como base. La propuesta catalana pasa por que en el nuevo modelo pese más no sólo la variable de población, sino la renta per cápita, y que los criterios de solidaridad se reduzcan a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales, en tanto que la Junta andaluza los amplía a servicios como empleo, justicia y vivienda.

En este sentido, el PSOE andaluz defiende que el criterio básico es el de "la población real". Pizarro recordó cómo "en 1996, los catalanes y Aznar pactaron un modelo que dejó a 400.000 andaluces fuera de la negociación, por eso defendemos el concepto de población real". En cualquier caso, Pizarro aseguró que "no hay que dramatizar porque todos los procesos de negociación han sido así, cada cual aprieta hasta donde puede".

Mientras en Moncloa guardaron silencio sobre la posición de Montilla, la ministra Chacón dijo que la financiación es "constructiva". El líder del PP andaluz, Javier Arenas, mantiene que Montilla tiene "pillado" a Manuel Chaves.