Los datos fueron aportados en rueda de prensa por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien ha fijado el plazo de mes o mes y medio para que los empresarios expresen su intención de acogerse a la conversión que les ha propuesto la Administración Autonómica.

La medida está dirigida sobre todo a medianas y pequeñas constructoras que tienen viviendas edificadas en ciudades medias a un precio de alrededor de los 200.000 euros y que no encuentran compradores, ha explicado en rueda de prensa Juan Espadas, quien baraja una reducción de los precios de las viviendas en torno al 30 por ciento, hasta alcanzar los 174.000 euros, que es el máximo fijado para las VPO.

Estas casas, ha precisado, son destinadas a rentas de entre 3,5 y 5,5 veces el salario mínimo.

La Junta calcula que de las 90.000 viviendas que están en "stock" y no pueden ser vendidas por la situación económica y del sector una mínima parte, en torno a las 5.000, podrían reconvertirse en VPO.

"Queremos que los empresarios nos den los datos sobre las viviendas disponibles el próximo mes", ha indicado el titular de Vivienda, que se ha mostrado convencido de que la medida facilitará el acceso a este tipo de edificación protegida, permitirá a los constructores que lo deseen "recuperar" parte de sus inversiones y tendrá un "efecto positivo" en el empleo del sector.

Otra de las "ventajas" de la iniciativa, ha agregado Espadas, es la "garantía" de que las promociones de viviendas libres que se acojan a su conversión en VPO serán vendidas, y ha insistido en que los pequeños y medianos promotores son los que se pueden beneficiar de esta posibilidad.

"Son los que construyen bajo un crédito bancario con la idea de liquidar en el momento en el que terminan la promoción y venden", sin embargo, "al no vender, se pueden encontrar con un problema de liquidez", ha apuntado.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, por otro lado, ha anunciado la puesta en marcha de un plan durante este año para ofrecer apoyo técnico y económico a los ayuntamientos con la idea de que aceleren la adaptación de sus planes urbanísticos a los criterios que se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOOA).

El objetivo, ha añadido, es que para finales de año la mayoría de los municipios hayan adaptado sus planes urbanísticos, ya que en la actualidad de los 770 municipios andaluces solo 60 lo han hecho, por lo que ha admitido que en la pasada legislatura se ha producido un proceso de "ralentización".

Espadas se ha mostrado convencido de que a partir de esta medida y del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno en enero pasado la adaptación será "más ágil".

"La Junta ofrecerá la ayuda necesaria a los ayuntamientos, especialmente a los que tienen más población, para acelerar la adaptación de los planes urbanísticos y con la idea de cambiar radicalmente los porcentajes actuales", ha aseverado.

En estos momentos hay unas 20 oficinas de apoyo a los ayuntamientos abiertas para ayudar a los ayuntamientos, aunque la perspectiva "inmediata" es duplicarlas, si bien el consejero ha avanzado también que se estrechará la colaboración con las diputaciones provinciales en este sentido.

Juan Espada ha anunciado, asimismo, la próxima aprobación de una decreto para agilizar el procedimiento y los plazos en las actuaciones de las comisiones provinciales de urbanismo.