La Consejería de Medio Ambiente tiene en su poder desde 2011 un informe desfavorable al proyecto que Petroleum Oil & Gas España (Gas Natural) pretende acometer en el entorno del parque natural de Doñana. Se trata de un estudio jurídico que considera "inviable" la instalación, al hacer referencia a la compatibilidad jurídica y se centra en las actividades, actuaciones y usos compatibles del parque natural en función de su zonificación.

El informe, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que el Plan de Orientación de Recursos Naturales del Parque Natural de Doñana (PORN) regula los aprovechamientos mineros y demás recursos geológicos, al tiempo que establece que en las zonas de Reserva -Zona A- se consideran "incompatibles las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos.

La organización ecologista WWF ya se apresuró a advertir nada más conocer la luz verde otorgada al proyecto que éste plantea "serias dudas jurídicas", más allá de las que se circunscriben a los preceptivos blindajes medioambientales y en materia de seguridad. Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina para Doñana de WWF España, destacó que "hay lugares específicos en los que se puede desarrollar esta actividad, existen alternativas que no ponen en riesgo un espacio natural tan importante como Doñana. La única razón para utilizar su subsuelo es que la empresa se ahorre costes. Sería más eficiente para la economía de la zona que se construyan los almacenes en suelo industrial y en superficie, con ello habría mayor inversión en Huelva y crearía más empleo".

El informe en poder de Medio Ambiente es contundente al destacar que es "imposible desde un punto de vista jurídico concretar si los citados trabajos [del proyecto] se encuentran amparados en la concesión" que data de 1995.

Del Proyecto Saladillo, el documento manifiesta que prevé la sustitución de uno de los gaseoductos existentes por uno de mayor diámetro sin modificar su trazado y, aunque no se especifica, afecta a la Zona A del parque, por lo que "en principio esta infraestructura resultaría incompatible, al afectar a Zona A". Y en cuanto al proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural -Marismas B-1, Marismas A y Marismas C-2- el informe reconoce que al estar asociada a las concesiones en su momento otorgadas para la explotación de yacimientos ha de considerarse como una nueva actividad, por lo que la misma y las actuaciones que sean necesario ejecutar para su puesta en marcha se encuentran sometidas al régimen de autorización previsto en la ley siempre que afecte al ámbito territorial de Doñana.

En definitiva, el documento señala que habrá de tenerse en cuenta la prohibición establecida para todo el ámbito del parque que dice que toda actividad que suponga la destrucción o alteración irreversible del patrimonio geológico, de las formaciones geológicas o de los yacimientos palentológicos o el incremento de la erosión del suelo.

El frente ecologista contra el proyecto cruzará las fronteras españolas. La organización Ecologistas en Acción requerirá a la Comisión Europea (CE) que no dé el visto bueno al proyecto porque "es esencial garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats, siguiendo la normativa europea y los pozos de extracción y gasoductos paracen del todo incompatibles con ese objetivo".

Por su parte, WWF pide a la Junta que emita un informe "negativo" contra el proyecto, que ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Gobierno central. La organización recordó que proyectos como éste, que afectan a espacios incluidos en la Red Natura 2000, necesitan, al margen de la DIA, un informe de no afección por parte de la comunidad autónoma. Los ecologistas consideran que la Junta no debe dar el visto bueno a un proyecto que va a convertir Doñana en "almacén de gas permanente al servicio de una empresa privada".