El Gobierno andaluz ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien cómo interponer demandas civiles para reclamar el dinero defraudado de las partidas que alimentaron el caso ERE. Aunque la reciente sentencia de la Audiencia de Sevilla considera que el fraude afecta a la totalidad del dinero presupuestado, 680 millones de euros, la Junta reclamará el dinero "a los intrusos, empresas que hayan actuado de mala fe y amiguetes". No irá dirigido al conjunto de los 6.000 desempleados, sino a quienes se beneficiaron de modo ilícito, según ha explicado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

"Quienes tienen que temer son los 200 intrusos, porque no vamos a parar", ha recalcado Marín al término de la reunión del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de Juanma Moreno también quiere recuperar las minutas que ha estado pagando, por ley, a ex consejeros de la Junta sentenciados por la Audiencia de Sevilla. En estos casos, si el Supremo confirma las sentencias por prevaricación y malversación, los abogados deberán devolver el dinero, ya que los ex consejeros han podido pagar estas defensas con dinero público porque se estaba juzgando acciones relacionadas con su gestión.

Una de las lagunas que ha dejado la sentencia es, ciertamente, la cuantía de lo defraudado. Como el sistema de pagos lo considera ilegal en sí, los magistrados consideran que todo, los 680 millones de euros, son fraude. Pero el Gobierno andaluz, como el anterior, no va a reclamar el dinero a los 6.000 beneficiarios, que son personas que han cobrado una renta hasta su jubilación después de haberse visto afectados por un ERE. Ni los jueces instructores ni la Fiscalía pidió nunca esta devolución ni la suspensión de los pagos. Sí hubo una valoración de la Fiscalía Anticorrupción que calculó en 75 millones de euros el verdadero fraude, centrado en los intrusos, ayudas a determinadas empresas de la Sierra Norte de Sevilla y sobreprecio en las primas de seguro. Esto no lo cita la sentencia.

Lo que el Gobierno andaluz hace ahora es encargar a sus servicios jurídicos la interposición de demandas civiles. Juan Marín no ha podido concretar más, sólo ha adelantado que esto será un proceso a largo plazo. "El caso de los ERE no es pasado como dice el PSOE, es presente y es futuro", indicó. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, cuantificará el martes próximo el estado de estos pagos en función de las demandas que ya hay presentadas.

El aspecto más polémico fue la retirada de la Junta del juicio de la pieza política de los ERE. Lo hizo para reclamar el fraude en las otras piezas en las que sí se ha cuantificado, pero al retirarse no solicitó la acusación ni la totalidad de las fianzas ni al ex presidente Griñán ni a los ex consejeros sentenciados pro malversación. "Si no hubiese sido así -indicó Marín- esas personas estarían hoy embargadas". Al ex presidente Griñán se le fijó una fianza de 4,2 millones de euros; al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, 6,2 millones y al ex consejero Antonio Fernández, 800 millones. 

Para Marín, la decisión de retirarse de esa pieza judicial "fue política". "Han dejado tal maraña que es muy difícil reclamar el dinero y cobrarlo", ha señalado. "Hay dos modos de actuar, o colaborando o obstaculizando, que es lo que hizo el Gobierno anterior", indicó.

El vicepresidente Juan Marín intervino después del Consejo de este martes junto al portavoz y titular de Presidencia, Elías Bendodo. Éste dijo: "Esta condena es una condena a un régimen, a un régimen clientelar de un partido, el PSOE, para ganar elecciones". "El PSOE dice que esta condena no tiene nada que ver con ellos, claro que tiene que ver, del PSOE eran los presidentes y del PSOE eran los consejeros", subrayó Bendodo.

Especialmente duro con Susana Díaz fue Marín, a quien acusó de retirarse de la pieza y de su apuesta por los ex presidentes: "Puso la mano por Chaves y por Griñán, y se ha terminado quemando".