La Junta delega en los ayuntamientos la adquisición de material de protección contra el coronavirus. A pesar de ser la autoridad competente en materia sanitaria, tal y como reconoce la propia Administación en una instrucción enviada a las entidades locales, sólo alude al reparto de material para residencias de mayores y a cuidadores de la ayuda a domicilio. 

El documento, fechado el 1 de abril, reconoce que la Junta es la responsable de suministrar material protección a la propia Administración autonómica y "a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia" de la pandemia de SARS-CoV-2. También se reconoce en el texto que la Junta "es autoridad competente en el suministro de EPI", para los trabajadores que se dedican a la recogida de residuos, "una vez sean subsanadas las acuciantes necesidades de protección en el ámbito sanitario".

No obstante, a continuación el documento explica que "cada ayuntamiento es competente para hacer las gestiones oportunas" y adquirir el material que necesiten. En la comunicación a las entidades locales, la Junta recuerda que el Ejecutivo ha autorizado "la libre compra en el mercado" y asegura que "los precios se mantienen moderados". 

El Gobierno andaluz reseña en su documento que ha recuperado la capacidad de suministro propia y que se han distribuido "de forma inmediata" 402.000 mascarillas a residencias y 150.000 para las cuidadoras de las ayudas a domicilio. Este material se seguirá repartiendo desde la Consejería de Salud y Familias mientras dure el estado de alarma.

El documento no alude a un reparto para ningún otro cometido que sea llevado a cabo por los ayuntamientos. Sí "sugiere" una coordinación entre municipios o a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para poner en marcha una compra centralizada. También recomienda que la FAMP facilite a las entidades locales el acceso a sus proveedores habituales.

"En cualquier otra circunstancia, será la propia institución la que debe equipar a sus trabajadores según los protocolos aprobados", apunta el documento, que explica que "para disponer de material de protección en cualquier otro caso, será la empresa la que deberá solicitarlo a la Subdelegación del Gobierno de su provincia o adquirirlo con medios propios".