Desde antes de lograr la mayoría absoluta, el PP y su presidente, Juanma Moreno, advirtieron que el nuevo Gobierno de Andalucía no tenía un minuto que perder. Ése fue el mensaje que reiteró el flamante consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que a falta de que se decida quién será el portavoz del Ejecutivo, cumplió esa función: anunció que se cumple la promesa hecha por el propio Moreno en su investidura: que la primera ley que se aprobaría en la XXII Legislatura sería la de Atención Temprana, norma que prevé atender a unos 19.000 menores de cero a seis años con algún trastorno o riesgo.

“Dicho y hecho”, dijo de forma castiza Sanz cuando confirmó que el segundo Consejo de Gobierno que se celebra desde la toma de posesión, ambos en esta semana, aprobó este viernes la citada ley, de la que informó detalladamente la nueva consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Según detalló, durante el año 2021 fueron atendidos en Andalucía 19.418 menores en los servicios de atención temprana y a partir de esta población diana, la nueva ley estima que, con ocho sesiones al mes por menor, en Andalucía se alcanzarían al año casi 1,9 millones de sesiones, con un presupuesto cercano a los 51,5 millones de euros.

García, que señaló que pese a ser el primer impulso legislativo de la Legislatura se trata de una norma en la que se ha trabajado en los últimos tres años y medio, enfatizó que con la aprobación de este proyecto de ley responde a una demanda histórica de las asociaciones, familias y profesionales para mejorar el bienestar de los niños y sus familias y para que esta prestación tuviera una cobertura legal.

La consejera, que fue viceconsejera de Salud durante casi la totalidad del mandato del Ejecutivo de coalición anterior, explicó que el texto legal garantiza el diagnostico precoz de todos los niños y se agilizan los circuitos de forma que se redefinen las unidades de Atención Infantil Temprana como unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, una denominación más acorde a su composición, funciones y especialización de los profesionales que lo componen y estarán ubicadas en Atención Primaria, donde se llevará a cabo el seguimiento, diagnóstico, orientación y valoración de las necesidades de los menores.

La futura Ley, ya que tiene asegurada su aprobación establece nuevos circuitos de derivación para atender de una forma más eficaz, precoz, fluida y continua a los menores y sus familias y se flexibiliza el procedimiento de los CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana), que podrá iniciarse desde Atención Primaria u Hospitalaria.

Salto cualitativo y cuantitativo

La consejera de Salud y Consumo opinó que con ello se da un “salto cualitativo y cuantitativo porque se partía de un presupuesto de 17 millones y ha subido a 51,5 millones”.

Según destacó este proyecto de ley da un papel fundamental a las familias en su implicación en el tratamiento, incide en la formación de los profesionales y apuesta por la investigación de los diagnósticos para una mayor precisión a la hora de abordar la atención.

Se trata de una norma innovadora tanto en Andalucía como en España, ya que implicará la coordinación de tres áreas: Salud y Consumo, Desarrollo Educativo y Formación Profesional e Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El nuevo texto contempla expresamente los derechos de los menores y su entorno familiar y promueve la participación, estableciendo un sistema de garantías para dar efectividad a estos derechos.

Cinco mil docentes más

En línea con esta ley sanitaria, la primera que aprueba el Gobierno para su debate en el Parlamento, Sanz destacó la apuesta de la Junta por la otra gran competencia del autogobierno: la educación.

La nueva consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, fue la encargada de anunciar el otro gran acuerdo del  Consejo de Gobierno: una refuerzo de la plantilla del sistema educativo andaluz para el curso 2022-2023, que se verá ampliada con casi 5.000 docentes más, de los que 1.700 se dedicarán a tareas de refuerzo y apoyo en centros públicos para mejorar el rendimiento académico y reducir el absentismo escolar. 

Del Pozo explicó que, de los 5.000 docentes, 4.320 corresponden a los centros públicos –se incorporarán como interinos mediante las bolsas de trabajo de Educación– y 490 a la red concertada.

Este aumento de la plantilla, según Del Pozo,  permitirá mantener la figura del coordinador de salud en los centros educativos, reforzar la Formación Profesional y dotar de efectivos al Plan de Transformación Digital Educativa. 

La consejera, que se estrena en esta competencia, una de las más confluictivas que gestiona la Junta, enfatizó que el refuerzo de plantilla lleva a Andalucía a conseguir un dato histórico: tendrá 130.000 docentes, pese a que hay 70.000 estudiantes menos desde 2018.

“Este aumento pese a que habrá menos alumnos incide en la calidad del sistema y en acercarnos al objetivo de excelencia educativa”, dijo Del Pozo.

La nueva dotación permitirá mantener los 400 maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje con la finalidad de mejorar la atención del alumnado vulnerable a través del Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA) ‘Transfórmate’, destinado a los centros docentes públicos que se encuentran en las zonas de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).

También se dotará con 199 orientadores más al Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar que tiene como finalidad facilitar apoyo al alumnado con dificultades para satisfacer las exigencias de la educación formal, así como para superar los obstáculos creados por el sistema educativo. 

La FP se reforzará con un total de 769 docentes más para el próximo curso. De ellos, 719 profesores irán a la plantilla estructuralpara dar respuesta al incremento de la oferta y de plazas de estas enseñanzas y se mantendrán los 50 docentes para prospección de FP Dual para favorecer la colaboración y coordinación entre los centros educativos y el tejido empresarial, de forma que los perfiles profesionales se ajusten a los demandados por los sectores productivos.

Para el próximo curso se mantienen los 826 docentes adicionales en los centros educativos públicos, con objeto de atender el número de horas de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los centros para implementar las medidas propuestas por la Consejería de Salud y Consumo.

El acuerdo recoge los 426 docentes destinados al programa para la mejora de la Competencia Digital, se mantienen los 50 maestros y profesores que integran las Asesorías Técnicas Docentes y 376 docentes más para potenciar la actividad de los coordinadores de Transformación Digital Educativa (TDE).