Intervención en comisión

Juan Marín sostiene que hay muchas duplicidades en la Junta

  • El consejero explica que no puede poner en marcha ahora la subida de sueldos de los trabajadores de Justicia

Juan Marín, en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Juan Marín, en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. / M. J. López / EP

"Nosotros no venimos a cortar cabezas a nadie, venimos a ser más eficaces; lo que haya que suprimir, se suprimirá y lo que funcione bien, se dejará. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, responsable de la Consejería de Regeneración Democrática y Justicia, también de Turismo, ha explicado este jueves en la comisión del Parlamento sus planes para los próximos cuatro años.

Marín ha sostenido que en la Junta hay "muchas duplicidades" de competencias, aunque no ha dado ejemplos de ello. Pero ha explicado que uno de los objetivos de las 12 auditorías encargadas a la Intervención General es analizar estas duplicidades, así como conocer la funcionalidad de las agencias investigadas. La representante de Vox en la comisión se ha mostrado contraria a que sea la Intervención o la Cámara de Cuentas los que hagan estos estudios, su partido propone que se encarguen a empresas privadas.

Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno ha sido eliminar el Consorcio Guadalquivir, un ente que sólo ha tenido una actividad: su presentación en una fiesta en Sevilla, junto al río, para presentar un ambicioso plan turístico que se sustentaba sobre el traspaso de las competencias de esta cuenca a la Junta. Finalmente, el Constitucional anuló el traspaso, y el consorcio se quedó sin objeto.

Este es uno de los casos que Marín ha puesto como ejemplo de la racionalización que quiere ejecutar en la Junta. También se han liquidado las unidades locales de empleo, aunque también es cierto que todas estaban en proceso de extinción.

Marín ha explicado que desea aprobar dos leyes, la de Despolitización de la Junta y otra de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, así como desarrollar el reglamento de la Ley de Transparencia. También está pendiente el decreto de racionalización del sector público y la puesta en marcha de la comisión de investigación de la extinta Faffe.

El vicepresidente también ha comunicado que no puede proceder a la subida del salario de los trabajadores de la administración de Justicia, de acuerdo con el pacto firmado por el anterior Gobierno el 27 de noviembre de 2018. Ni pasó por el Consejo de Gobierno ni hay una partida extraordinaria de 10 millones de euros para dotarlo, porque el actual Presupuesto está prorrogado. La subida es de 90 euros mensuales, alcanzables en tres años.

Será con el nuevo Presupuesto cuando se apruebe.

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