Los distintos proyectos que tienen como objetivo el almacenamiento de gas natural en Doñana, siguen provocando un enfrentamiento político. Esta vez a causa de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una subvención de 6,3 millones de euros a Gas Natural para este año. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, defendió ayer la medida y recordó que el Ministerio de Energía autorizó el proyecto Marismas Occidental por ser "el único que dispone de todas las autorizaciones y permisos medioambientales necesarios, incluidos los que son competencia de la Junta de Andalucía". La subdelegada incidió en que los proyectos restantes "necesitan algún acto de control administrativo adicional por lo que una eventual autorización del Ministerio de Energía d solo se consideraría si éstos llegan a otorgarse".

Además, subrayó que fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien adaptó la concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos a una de concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural, como se recoge en el BOE del 3 de agosto de 2011. Grávalos añadió que la orden de peajes del gas aprobada para 2018 recoge, entre otras medidas, el pago por el uso y disponibilidad de los almacenamientos de gas que hay en España, entre ellos el de Marismas Occidental. Por lo tanto, señaló la subdelegada que "en ningún caso se trata de una recompensa o subvención, sino el pago a una infraestructura del sistema gasista, idéntico al de las tuberías o al de las regasificadoras".

Pero este asunto volvió a causar la reacción del Gobierno de la Junta, cuyo director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamentó que el Ministerio de Energía y Turismo "siga apoyando económicamente, con más de seis millones de euros" al proyecto.

Martínez Vidal aseguró que esta actuación contrasta con la de la Consejería de Medio Ambiente. El Gobierno andaluz ha formulado en los últimos días "un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el contencioso- administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los cuatro subproyectos en los que se divide el gran proyecto de almacenamiento de gas". El director general de Prevención explicó que "estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013" e insistió en la demanda de que se "se paralice la ejecución del proyecto" de Marismas Occidental.